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Zheger Hay Harb

La nota colombiana

Cuando se conoció la creación de un organismo de justicia transicional y de una comisión de la verdad como partes integrantes del Acuerdo de Paz con las FARC, la oposición al entonces presidente Santos, aupada por el ex presidente Alvaro Uribe, puso el grito en el cielo diciendo que se había pactado la impunidad para los guerrilleros y que esas instituciones no eran sino organismos de venganza contra los militares y los civiles a quienes, según ellos, se obligaría a confesar delitos no cometidos so pena de aplicarles penas severísimas si no se sometían a lo acordado.

Sin embargo, hoy la JEP casi no alcanza a revisar las numerosísimas solicitudes que le llegan de civiles y militares condenados que piden someterse a ella para recibir los beneficios que otorga, a saber: condena a cinco años, excarcelable, si se reconocen los delitos en la primera audiencia de juicio y se compromete a reparar a sus víctimas y a la no repetición; ocho años si se hace ese reconocimiento en una instancia posterior, o veinte años de condena en establecimiento carcelario si no se confiesa. En todo caso, una pena menor que las que recibirían en la justicia ordinaria.

Actualmente están en estudio en la Sala de Reconocimiento de la JEP por ejemplo, el caso del ex senador Alberto Santofimio condenado por el asesinato del líder liberal y candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989 y, para nombrar apenas uno de los más sonados, el de un ex teniente del ejército que violó a dos niñas y asesinó a una de ellas y sus dos hermanos, apenas unos niños.

¿Puede decirse que esos dos crímenes –de ninguna manera equiparables porque en el caso de Santofimio, aunque condenado, persisten serias dudas- que pongo como ejemplo fueron cometidos en el marco y con ocasión del conflicto armado, condición para que sean aceptados por la JEP? tendrá que decidirlo la Sala de Reconocimiento.

Ya la Corte Suprema se atravesó a los deseos de varios ex parlamentarios condenados por parapolítica que intentaban, a pesar de haber sido condenados por ella, presentarse ante la JEP para obtener la libertad por haber cumplido el porcentaje de pena que la justicia especial exige para ello.

Ahora es Salvatore Mancuso, ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- quien pide ser recibido en la JEP. Fue extraditado a Estados Unidos por Alvaro Uribe Vélez durante su presidencia, acusándolo, al igual que a otros jefes paramilitares, de haber seguido delinquiendo luego de haberse sometido a la ley de Justicia y Paz diseñada para su desmovilización.

En ese entonces, cuando estos criminales se encontraban supuestamente concentrados en una de sus haciendas como parte de su acuerdo de desmovilización, fueron muchas las voces que alertaron sobre los crímenes que allí se seguían cometiendo, entre los cuales el narcotráfico parece haber sido el menor.

Esa ley de Uribe sí que era un canto a la impunidad que luego él atribuiría descaradamente al acuerdo con las FARC. Afortunadamente la Corte Constitucional, en su estudio de la ley, la vetó por violaciones a la Constitución y, aunque muy favorable a quienes se sometieran a ella, recibió varios recortes en las prebendas que les ofrecía.

Estando los ex jefes paramilitares recluidos en prisión, intempestivamente decidió extraditarlos a Estados Unidos. Las voces en contra fueron muchas porque, habiendo cometido tantas masacres, en ese país sólo serían juzgados por narcotráfico sin posibilidades de que sus víctimas y la justicia colombiana pudieran conocer la verdad sobre sus crímenes.

Sin embargo la justicia ordinaria ha podido, mediante video conferencias, recibir algunas declaraciones en que han ido filtrando pedazos de verdad, pero nunca un relato completo que permita llegar al conocimiento pleno de lo sucedido por parte de los perpetradores de tantos crímenes.

Mancuso dijo ya hace varios meses que Uribe los había extraditado para callarlos cuando ellos iban a empezar a contar la verdad y ahora, a un año y medio de cumplir su pena en Estados Unidos, tendría que venir a Colombia a ser juzgado en la justicia ordinaria, donde le espera una larga condena. Por eso pide ser recibido en la JEP y anuncia que contará la verdad sobre sus cómplices civiles y militares. De él se conoce, por declaraciones de las víctimas, de algunos ex militares y de sus antiguos compañeros, que fue quien organizó y dirigió algunas de las mayores y más sangrientas masacres cometidas por las AUC.

La lista es larga: masacre de Mapiripán, en el extremo del país opuesto a su territorio de origen, en la cual actuó con la complicidad ya comprobada judicialmente de militares de alto grado, donde por varios días se concentraron en el matadero del pueblo y torturaban hasta la muerte a sus víctimas mientras sus familiares y amigos oían sus alaridos; la masacre de El Salado, donde jugaron fútbol con las cabezas de sus víctimas: la de Macayepo, El Tarra, para nombrar apenas algunas.

Por los recortes con que el Congreso de la República desfiguró la JEP originalmente diseñada en el Acuerdo de Paz, los terceros (civiles) sólo podrán ser juzgados por ese tribunal si se presentan a él voluntariamente. Pero aún así, es muy importante, como base para la construcción de la paz, conocer esos vínculos perversos. Y si alguien los conoce es Salvatore Mancuso.

En el documento con que pide entrada en la JEP dice que está dispuesto a aclarar si hubo o no colaboración de los hermanos Santiago y Alvaro Uribe Vélez y todo lo relacionado con el grupo paramilitar de Los Doce Apóstoles con el que varios procesados los incriminan. Cuando la Fiscalía lo llamó a declarar sobre el tema se negó a comparecer y en una ocasión posterior se limitó a repetir informaciones de terceros sin comprometerse a fondo con el tema.

En cuanto a la economía, promete revelar qué empresas, nacionales y extranjeras “se beneficiaron inicialmente con su accionar y posteriormente con la negligencia de la Fiscalía.

De todas maneras, la decisión que sobre el caso tome la JEP sentará jurisprudencia en relación con los de otros paramilitares que están pidiendo ser acogidos por ella.

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