Zheger Hay Harb
Como uno de sus últimos actos de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos expidió un decreto que establece la denominada Línea Negra, que amplía de 50 a 381 los sitios sagrados de las comunidades arhuaca, wiwa, kogui y kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, con lo cual busca protegerlos de la invasión de colonos, hacendados, agroindustriales, dueños de hoteles y mineros.
Con ello se paga una deuda social con esas comunidades que desde hace mucho tiempo vienen exigiendo el respeto a sus sitios sagrados. En 1995, cuando se debatía el ordenamiento territorial de acuerdo con la Constitución de 1991, las autoridades de la Confederación Indígena Tayrona y el Consejo Supremo de Mamos (autoridades indígenas de la región) de la Sierra Nevada de Santa Marta enviaron un emisario a que llevara su voz a esas comisiones diciendo que la línea negra es la delimitación ancestral de sus comunidades.
Allí afirmaban que tienen la obligación de proteger las cuencas hidrográficas “como expresión de nuestro modo de vida milenario que ahora llaman ecología, revitalizando y poblando con nuestras semillas sagradas… todo pensamiento ajeno, venenoso, contaminado y profano será denunciado ante el consejo supremo de las cuatro castas sagradas... con el objeto de restablecer el orden sagrado y el principio de autoridad tradicional…de esa forma van a volver los pájaros, los animales nativos y van a crecer los árboles y las nieves perpetuas”.
Esta demarcación se hace no en función de los resguardos indígenas, que son una institución político-administrativa, sino de sus sitios sagrados, que es mucho más amplia. Las comunidades han definido esta línea negra con base en su “ley de origen…(que) es el fundamento de vida y gobernanza de los cuatro pueblos indígenas…un principio que gobierna todo y establece un ordenamiento preexistente a toda norma o reglamento creado por las personas”.
¿Volver al origen, a lo existente antes de 1942? No, pero no deja de ser una utopía y un intento por reparar a estas comunidades. Ya la Corte Constitucional había ordenado lo que ahora se protege y con ello se retrotrae de alguna manera la situación a la que existía cuando llegaron los conquistadores. Por supuesto, no de manera absoluta puesto que ellos eran los dueños de todo el territorio, pero por lo menos marca el respeto debido a las comunidades que han sabido conservar su cultura y el entorno a pesar del embate del narcotráfico y la guerra, casi siempre entrelazados, que de manera tan brutal los ha castigado.
Con esta medida viene a reforzarse la consulta previa, mecanismo establecido en la Constitución de 1991, que ordena que cualquier proyecto que de alguna manera afecte a las comunidades indígenas, deben contar con su aprobación para poder adelantarse. Ya hemos visto cómo grandes proyectos de empresas privadas y públicas, nacionales y extranjeras debieron paralizarse porque se habían saltado este requisito.
Dentro de la Línea Negra quedan comprendidos municipios de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira y las áreas metropolitanas de Santa Marta, Valledupar y Riohacha. Cito un ejemplo que trae el periodista Jorge Humberto Botero y que resulta ilustrativo: “Ka´simuratu: espacio comprendido entre la iglesia de la Concepción y la Plaza Alfonso López (en Valledupar). Tiene una conexión con el cerro frente al batallón militar de ingenieros, a la Salida del corregimiento de la Mesa. Madre de la naturaleza donde se encuentran los códigos del orden natural de los acuerdos entre indígenas y no indígenas. Tashikungwi: en el Convento de la Tres Ave Marías en la ciudad de Valledupar. Padre para gobernar las relaciones con los demás pueblos, está representado en el chupaflor de color verde-azul que es mensajero”.
Esa ciudad es la cuna de Simón Trinidad, ex comandante de las FARC extraditado a Estados Unidos y de Jorge 40, ex jefe paramilitar de la región, también extraditado y acusado de muchos crímenes atroces. Allí se celebra el festival vallenato, de prestigio internacional y aunque en las últimas elecciones Petro le sacó una buena tajada de la votación a Duque, el dominio de Álvaro Uribe se siente con fuerza. En el último festival, varios de sus cantantes estrella emitieron un comunicado de apoyo a Duque y en la tarima se gritaron vivas al ex presidente porque ellos sí que saben dónde está el verdadero poder.
Así que ahora, el festival vallenato queda comprendido dentro de la línea negra y los indígenas deberán aprobar sus actividades.
Los dueños de establecimientos turísticos han aumentado las quejas que ya habían expresado lastimeramente porque se ha obligado incluso a demoler hoteles construidos en sitios de “pagamento” de estas comunidades.
De inmediato saltaron éstos y los grandes empresarios del campo diciendo que se entorpece la iniciativa privada con esta “apresurada medida”; tan apresurada que ha sido un reclamo ancestral de los indígenas que se sienten cada vez más invadidos.
Muchos de esos hoteles han sido construidos en sitios paradisíacos que antes pertenecían a esas comunidades (como todo en el país) sin ningún respeto por las normas ambientales que rigen en todo el territorio, no sólo en los de comunidades étnicas; han contaminado ríos, han invadido las playas que son propiedad de la nación porque en Colombia no pueden existir playas privadas, sus depósitos de aguas servidas no son tratados con respeto al derecho colectivo a un ambiente sano. Así que ojalá el nuevo decreto sirva para que, de paso que concilien con las comunidades, acaten la constitución.
No hay más camino que articular los derechos de los indígenas (3.3% del total de la población nacional) con los del resto de los colombianos, que no tienen por qué ser divergentes. La verdad es que en algunas tierras que antes ocupaban colonos y que les han sido devueltas a los indígenas, se ha detenido la tala, se ha recuperado la vegetación y han regresado los venados, colibríes, paujiles y dantas que ya se estaban extinguiendo.
Muy posiblemente los indígenas van a recibir presiones económicas para que cedan en sus pretensiones. Sólo la solidez de sus organizaciones podrá garantizar que la corrupción no las mine. Y un proceso educativo muy profundo será la única manera de evitar el triste espectáculo tan común hoy en día de indígenas embriagados tirados en las orillas de la carretera en las estribaciones de la Sierra Nevada, de tantas madres adolescentes pidiendo limosna en las ciudades y pueblos cercanos. Los mamos que habitan las alturas mayores de la sierra han sabido mantenerse incólumes ante tantos embates de la corrupción y la guerra. Ellos sabrán mantener su autoridad sobre los representantes que envían a negociar los proyectos con organismos y fundaciones internacionales o con el gobierno nacional.