Pedro Díaz Arcia
El cierre parcial de la Administración de Estados Unidos podría convertirse en el más largo de la historia del país; pero no hay que darle más vueltas a la noria.
En caso de extenderse: 38 millones de personas perderán sus cupones de alimentos, según el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria; serán afectados los que esperan por un reembolso de impuestos, porque el Servicio de Impuestos Internos labora con el 12 % de los trabajadores de los 10,000 en su plantilla; la falta de empleados en los aeropuertos causará retrasos y cancelaciones de vuelos, con su repercusión en el turismo, que también sufrirá por el cierre de parques y museos estatales.
El mercado de valores –ya en baja– podría desplomarse. Se incrementará el riesgo de brotes debido a que la Administración de Alimentos y Medicamentos ha suspendido sus inspecciones al disminuir la nómina de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de 13,000 a 700 empleados; una parte de los 800,000 que cesaron en sus servicios buscan nuevos trabajos; mientras el viernes 18 el sistema de tribunales federales no contará con dinero por lo que se retrasarán los procesos judiciales.
¿No será ésta la verdadera emergencia nacional?
Hasta el jueves la denominada “Banda de los 8”, integrada por los miembros más poderosos del Congreso y que debe ser convocada ante situaciones complejas que enfrente el país, al igual que el Congreso, no había logrado una salida al cierre gubernamental.
Luego de los cambios generados por las elecciones legislativas de noviembre pasado el grupo está conformado por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el líder de la minoría republicana Kevin Owen McCarthy; por el presidente republicano del Senado Mitch McConnell y el líder de la minoría demócrata en la cámara Chuck Schumer; así como los respectivos presidentes y vicepresidentes de los Comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes.
En una reunión bipartidista esta semana en la Casa Blanca, Donald Trump se levantó abruptamente y salió de la sala ante la tajante respuesta de Pelosi de que no financiarán el muro, algo que los republicanos no lograron cuando tuvieron mayoría en el órgano legislativo. Al referirse a las 800,000 víctimas del cierre, la líder demócrata dijo en alusión a la riqueza del Presidente: “El cree que ellos tal vez podrían pedirle dinero a su padre, pero no pueden”.
En un ambiente afín, el mandatario confesó que si cediera en la pugna: los primeros en atacarlo serían sus senadores; los segundos serían sus diputados de la Cámara de Representantes; y los terceros los de su base y otros muchos republicanos. Sin tener en cuenta que un sondeo de la Universidad de Quinnipiac mostró que, en los umbrales del cierre, el 62 % de los votantes se oponía a la clausura para lograr el muro, y sólo el 34 % la apoyaba.
Al preguntar quién es responsable del cierre gubernamental en una encuesta de Reuters/Ipsos hecha entre el 1 y el 26 de diciembre, el 46.8 % de los estadounidenses culpó al mandatario. El 7.6 % responsabilizó a sus partidarios en el Congreso; y el 33.2 % inculpó a los demócratas. El 12.4 % de los participantes consideró otros factores por la actual crisis.
Trump afirmó que la frontera es una “tubería” por la que ingresa una gran cantidad de drogas; pero la DEA reconoce que la mayoría son traídas a Estados Unidos por puntos legales de entrada, por lo que el muro sería inútil. Mienten el gobernante y su “carnal” el vicepresidente Mike Pence cuando recurren a falsas cifras para criminalizar la migración. Muchos investigadores han demostrado que es la menos propensa a la comisión de delitos.
Por último, es llamativo que expertos de ambos partidos coincidan en que si bien el sistema migratorio no es perfecto, hay pocas evidencias de que la frontera Sur experimente una emergencia.
La crisis responde a un caprichoso e interesado compromiso.