BOGOTÁ, Colombia, 8 de octubre (AFP/AP/EFE).- Álvaro Uribe, el poderoso expresidente (2002-2010) y político de Colombia, fue interrogado este martes por el máximo tribunal en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio por manipulación de testigos.
Es la primera vez que un expresidente colombiano responde en indagatoria ante la Corte Suprema.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada, llegó a las 07:45 (12:45 GMT) al tribunal, en el centro de Bogotá, fuertemente escoltado y en medio de gritos de apoyo y rechazo de un centenar de simpatizantes y opositores.
Más allá del carácter inusual de la cita, el peso político y popularidad del también senador Uribe -jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario Iván Duque- hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico y más cuando restan días para las elecciones locales del 27 de octubre.
De 67 años, el exmandatario derechista enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y que son castigados con unos ocho años de cárcel.
“No hay una palabra mía que viole la ley”, sostiene Uribe.
Colombia entra así en una tendencia que ha marcado a los países latinoamericanos: la de expresidentes populares investigados o enjuiciados tras dejar el poder y cuyos casos se convierten en terremotos políticos.
Ocurrió así con Jose Inacio Lula da Silva, en Brasil, Cristina Kirchner, en Argentina, Rafael
Correa, en Ecuador, Alberto Fujimori, en Perú o Ricardo Martinelli, en Panamá.
Ambiente tenso
Los jueces que escucharon al exgobernante deberán determinar si lo inculpan o lo liberan de sospecha.
En el primer caso, enfrentaría un llamado a juicio y pueden incluso ordenar su detención para evitar que huya o interfiera en el proceso. Cualquier decisión podría tardar días en conocerse.
Los seguidores de Uribe convocaron para el martes a nuevas marchas de apoyo tras las que realizaron el domingo en varias ciudades, algunas de las cuales terminaron a golpes con opositores.
Un puñado asistió temprano a una misa en la Catedral de Bogotá antes del comienzo de la citación y luego se trasladó a la corte. “¡Uribe, Uribe!”, gritaron a su llegada.
Allí se encontraron con opositores del exmandatario, que exigen prisión para él. “No más Uribe”, corearon.
“Es un momento difícil”, comenta a la AFP Jairo Libreros, de la Universidad Externado.
Según el analista, “el nivel de polarización del país ha llevado a que muchos colombianos tomen posturas de apoyo o de rechazo al senador única y exclusivamente atendiendo cuestiones emocionales o de identidad ideológica, y dejan en segundo lugar el tema jurídico”.
Opositor del proceso de paz con los antiguos rebeldes de las FARC, Uribe no solo es el jefe del Centro Democrático (en el poder desde agosto de 2018), también fue el senador más votado y hoy es protagonista de la campaña para los comicios de alcaldes y gobernadores al lado de sus candidatos.
Giro insospechado
El exmandatario terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.
En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.
Uribe sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.
Ambos bandos cometieron violaciones de derechos humanos en medio del conflicto que desde hace seis décadas desangra a Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación.
Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir este año la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar las declaraciones que lo comprometen con paramilitares.
Además de este expediente, Uribe está vinculado a más investigaciones por presuntos delitos penales, aunque ninguna había avanzado como la que lo relaciona con manipulación de testigos.
“Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia (…) me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico”, dijo el expresidente.