BUENOS AIRES, Argentina, 31 de octubre (AFP/EFE).- Cientos de personas marcharon este jueves por el centro de Buenos Aires en rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina mantiene un programa de ajuste fiscal con un auxilio de 57,000 millones de dólares.
El gobierno del presidente liberal Mauricio Macri acudió al FMI en 2018 para enfrentar una corrida cambiaria que detonó la crisis económica, con recesión, alta inflación (37,7% hasta septiembre) y aumento de la pobreza (35,4%) y el desempleo (10,6%).
Hasta ahora, el organismo multilateral ha entregado 44,000 millones de dólares, pero aún no desembolsa un tramo por 5,400 millones de dólares que estaba previsto en septiembre.
Con acreencias que totalizan los 315,000 millones de dólares y se acerca a 100% del Producto Interno Bruto, se da por descontado que Fernández deberá reestructurar la deuda una vez asuma la presidencia, el 10 de diciembre próximo.
Contra ley de emergencia
El centro de Buenos Aires acogió este jueves, además, una marcha por la aplicación de la ley de emergencia alimentaria, cuya prórroga aprobó el Senado el mes pasado y que establece un aumento en las partidas presupuestarias destinadas a alimentos que, según los manifestantes, no se está cumpliendo.
Esta es la primera vez que las organizaciones sociales toman las calles después de la victoria del peronista Alberto Fernández en las elecciones del domingo, tras varios meses de gran actividad debido a la situación que vive el país y que provocó que el Legislativo nacional decidiera extender hasta finales de 2022 la ley de emergencia alimentaria dispuesta por decreto en 2002, tras la grave crisis de 2001.
La ley impulsa la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional y establece un incremento de emergencia de al menos el 50% en las partidas presupuestarias de este año destinadas a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Asimismo, faculta al jefe de Gabinete de ministros a disponer cambios en las partidas presupuestarias y a actualizarlas para poder destinar fondos a las políticas alimentarias.