Pedro Díaz Arcia
En el siglo XVI, Enrique VIII condenó a su canciller Tomás Moro a que fuera arrastrado, descuartizado, despellejado y quemadas sus entrañas por desconocer su autoridad espiritual. Pero en un rapto de piedad cambió la pena por la “simple decapitación”. El autor de Utopía escribió con genial ironía: “¡Que Dios perdone a mis amigos de la clemencia real y a toda mi posteridad de sus perdones!”.
Algo parecido podríamos decir de la insolencia de una realeza mal heredada y de quienes con la Biblia en alto, como en los tiempos de la Inquisición, masacran a nuestros pueblos originarios.
El gobierno de facto de Bolivia, en poder de una manada fascista, se ampara en decretos oficiales para que las Fuerzas Armadas y policiales, a las que se han sumado bandas paramilitares, humillen, golpeen, arrastren y asesinen con odio visceral a esos indígenas que “se les quieren igualar”.
¿Quién ha dicho que un indio puede dirigir los destinos de una nación, aunque en ella nacieran y lucharan sus antepasados?
La oligarquía, políticos de ultraderecha, la clase media tradicional –la clase media emergente creada por el desarrollo económico del país que la aupó a un nuevo estrato social–, la OEA y agencias de inteligencia de Estados Unidos, esperaron el momento de una elección reñida, aunque ganada por el oficialismo, para acudir a la asonada golpista que sacaría del gobierno a Evo Morales, el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Si bien a duras penas las facciones recalcitrantes habían asumido la presencia en el Palacio Quemado de un indio que no habla bien el castellano, comenzaron la labor de zapa para derrocarlo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia represiva violatoria de la justicia y el derecho internacional, al calificar el decreto que la sustenta como un acto grave que exime de adeudo penal a los responsables. Aunque no confío mucho en el organismo ni tampoco en su capacidad disuasoria para contener al sicariato que actúa sin control en Cochabamba y otras regiones del país andino. Quizás algunos se conformen con una “adecuada aplicación” en el uso de la fuerza. Recuerdo cómo la mafia cubano-norteamericana pidió en una ocasión al gobierno de Washington que ante la “hipótesis” del derrocamiento de la Revolución cubana les diera “tres días libres para matar”. En Cuba, repito, nadie “tomará mango bajito”.
El zarpazo en Bolivia pretende poner las riquezas de la nación en manos de los megacapitales financieros que sustentan hoy el modelo neoliberal. En Brasil ya están posicionados con el abono del neonazi Jair Bolsonaro; en Ecuador, con su símil Lenín Moreno, y en Chile con el pinochetista Sebastián Piñera; mientras les dure.
Es conocido que el capitalismo productivo cedió espacio desde hace años al capital financiero especulativo que hoy domina el panorama sociopolítico global. Todo lo que huela a un gobierno progresista o de izquierda, que base su política en los principios de defensa de sus recursos naturales y su soberanía, recibirá la presión, a veces con desembozados intentos de chantaje, para que acepte los cánones del sistema imperante con sus variantes que no excluyen el proteccionismo y convenios leoninos.
Bolivia vive la paz de los sepulcros, y no habrá solución si los culpables de la masacre no pagan por el revanchismo racista y político, aunque sean deudas sin precio.
Como escribiera nuestro Apóstol de la independencia, José Martí (1853-1895): “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”.