Fascismo boliviano

A pesar del sofisticado entorno “constitucional” con que la ultraderecha boliviana intenta blindar el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, comienza a conocerse el origen fascista de los autores intelectuales y ejecutores de la asonada cívico-militar que interrumpió el proceso democrático boliviano.

El pasado viernes la senadora Jeanine Añez, autotitulada jefa de Estado en sustitución del presidente depuesto, emitió el decreto 4078 que en su Artículo 3, exime de responsabilidad penal a los militares desplegados para reprimir las movilizaciones populares. “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

El fascistoide decreto coincidió con la denuncia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), sobre la muerte hasta el momento de 23 personas y 715 heridos, víctimas de la represión de policías y militares.

Al mismo tiempo, la Agencia de noticias Telesur informó sobre la filtración de 16 audios que demuestran el complot entre líderes opositores y militares, para impulsar las acciones desestabilizadoras y el golpe de Estado contra el presidente Morales.

“El plan se centraba en que si Evo Morales ganaba las elecciones del pasado 20 de octubre, se instauraría un gobierno de transición cívico-militar. El nuevo gobierno alegaría fraude en proceso electoral y no reconocería la victoria electoral de Morales.

En los audios se revelan el entramado de la conspiración contra el Gobierno boliviano, que contemplaba la separación y la división del Ejército boliviano y la policía nacional, logrando que estas fuerzas se rebelen contra el presidente Evo Morales. Además, preveía la manipulación de sectores estratégicos de la sociedad boliviana para crear un clima de caos y desestabilización, con el objeto de presionar al Gobierno boliviano a dimitir.

Los audios develan, además, la injerencia de Estados Unidos y el uso de las embajadas acreditadas en el país y la Iglesia Evangélica, para ingresar los recursos que servirían de motor para ejecutar la operación. Asimismo, se hace mención además a supuestos compromisos de los senadores estadounidenses, Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes al parecer estarían en contacto directo con la oposición en Bolivia para fomentar el cambio”, revela Telesur.

Los audios también mencionan la participación de varios políticos y exmilitares bolivianos residentes en EE.UU., entre los que se encuentran los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga, así como los excoroneles Julius Maldonado y Oscar Pacello, señalados como proveedores de recursos económicos desde EE.UU. para el golpe de Estado.

En septiembre de 1973 el fascismo chileno derrocó al presidente Salvador Allende mediante un cruento golpe de Estado que dejó un trauma político en todo el continente. Allende fue elegido democráticamente presidente en 1970, con un avanzado programa de reformas económicas y sociales. Desde su asunción al cargo, el expresidente de EE.UU. Richard Nixon conspiró con la oligarquía chilena para derrocar a Allende. Tres años después de acciones desestabilizadoras, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía tomaron el control del país y exigieron la renuncia de Allende. El presidente se trasladó a la sede presidencial a defender su mandato electoral, perdiendo la vida tras el bombardeo del palacio de gobierno ordenado por el jefe del Ejército.

Casi medio siglo después, con aparente “moderación” por la toma de conciencia de la democracia en el continente, el fascismo boliviano toma ilegalmente el poder alentado por la ultraderecha de Estados Unidos.