LA PAZ, Bolivia, 24 de noviembre (AFP/Reuters) - Bolivia emprendió este domingo el camino hacia sus primeras elecciones sin la opción presidencial de Evo Morales en 18 años, tras la promulgación de una ley que lo excluye como candidato luego de un mes de protestas con 32 muertos.
La presidenta interina Jeanine Áñez firmó la norma que permitirá el llamado a nuevos comicios generales, en una fecha aún por determinar, tras su aprobación unánime en el Congreso bicameral el sábado.
“Llegamos a este día con la satisfacción del deber cumplido porque este es el principal objeto de mi gobierno: nuevas elecciones en el menor tiempo posible”, dijo Áñez durante la ceremonia.
Comienza así un difícil camino para los once millones de bolivianos en búsqueda de una salida a su peor emergencia política en dos décadas, esta vez sin Morales como alternativa. El ícono de la izquierda latinoamericana, que por casi 14 años tuvo el timón del país, no podrá participar en la campaña, algo inédito desde 2002.
La norma anula los comicios del 20 de octubre en los que Morales fue reelecto y que fueron rechazados por fraudulentos en masivas protestas que encabezó la oposición. La Organización de Estados Americanos (OEA) avaló las sospechas al detectar irregularidades en el proceso.
“Por esta ley hemos salido a las plazas (...) a expresar pacíficamente nuestra decisión de repudio a la forma en que el gobierno anterior intentó manipular la voluntad de todos nosotros montando un fraude escandaloso”, enfatizó Áñez.
Morales renunció a la presidencia bajo presión de las Fuerzas Armadas y manifestantes el 10 de noviembre. El líder socialista, que estuvo en el poder casi 14 años, dijo que fue derrocado en un golpe de Estado y está exiliado en México.
El exmandatario requerido en una entrevista con el diario argentino Página 12 publicado el domingo que renuncia a su candidatura a la presidencia, que le gustaría regresar a Bolivia, pero que por el momento no lo ve posible y que no puede descartar pedir asilo en Argentina, adonde el sábado llegaron a sus dos hijos.
“No lo descarto (asilarse en Argentina). Quiero estar más cerca de Bolivia. El hermano y la hermana Fernández siempre me cooperaron”, dijo Morales refiriéndose al presidente y la vicepresidenta electa de Argentina, Alberto Fernández y Cristina Fernández, que asumirá el poder el 10 de diciembre.
La posibilidad de que Morales sea candidato había descartado en la ley sancionada anoche por el Congreso, que fue aprobada por el Movimiento al Socialismo (MAS) del exmandatario.
Pacificación
El proyecto de “Ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano” fue discutido hasta la madrugada entre Añez y las organizaciones sociales y sindicales y las organizaciones del Congreso lo aprueben antes de las 17:00 hora local (2000 GMT) del domingo para que el Poder Ejecutivo lo promulgue.
Una de las principales demandas de los líderes sociales era la respuesta parcial de las Fuerzas Armadas como condición para suspender las movilizaciones y bloques de carreteras, además de la celebración de las elecciones generales.
En El Alto, donde las protestas seguían activas en contra del gobierno, la presencia militar se mantendrá para resguardar la planta de YPFB en Senkata, ante el riesgo de vandalismo que podría hacer estalar los depósitos de combustibles.
“Se va a abrogar el decreto y se lo va a modificar disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en todas las empresas estratégicas del Estado para su custodia y conservación”, dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en referencia al decreto que permite El uso de armas para reprimir las movilizaciones.
Otro artículo clave de la ley es la protección a los dirigentes sindicales, que establece garantías para que Morales regrese al país como líder de trabajadores.
Pero Añez se opuso al proyecto de ley presentado por el MAS para darle inmunidad a Morales, al anunciar públicamente que, de ser aprobado, lo iba a vetar. “No podemos otorgar protección a quienes han sido, perseguidos, engañados y burlados a los bolivianos”, sostuvo.
La ley que el Congreso debatirá esta tarde también establece indemnizaciones para las familias de las personas fallecidas en el conflicto y el pago de gastos médicos de los heridos, la liberación de los detenidos y la investigación de las muertes, además de entrega de salvaconductos a exautoridades y dirigentes que lo soliciten.