Alfredo García
Al finalizar el año, es común destacar desgracias y fortunas acontecidas. En Estados Unidos país de obligada referencia, el año cerró con un récord de 41 matanzas masivas, según estimado de la agencia AP, el periódico USA Today y la Universidad de Parkland, Florida. Se define como matanza masiva, las que al menos fallecen 4 personas sin contar al autor del crimen. La masacre de mayor impacto, ocurrió en un centro comercial de El Paso, Texas, ciudad fronteriza con México el pasado 3 de agosto, cuando 22 personas murieron víctimas de un tirador cegado por el odio racial contra los hispanos.
El incremento del crimen colectivo en la nación norteamericana, se atribuye a la anacrónica Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la nefasta influencia del millonario lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), y al impulso al racismo antiinmigrante, a partir del ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, para el presidente y sus voceros, “los controles actuales ya son muy fuertes y las tragedias con armas de fuego son sobre todo un problema mental”.
Fuera del contexto político y social que determinó la aprobación de la Segunda Enmienda de la Constitución el 15 de diciembre de 1791, a solo 9 años del triunfo de la revolución independentista, bajo amenazas de un contraataque británico y un clima de inseguridad ciudadana por la expansión del país hacia el Oeste, la carta magna estableció: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”, jurisprudencia ratificada por la Corte Suprema de Estados Unidos el 28 de junio de 2010, cuando sentenció: “Ninguna ley estatal o local, puede restringir el derecho a poseer o portar armas que reconoce la Segunda Enmienda”.
El polémico “derecho” a “poseer o portar armas”, es defendido por la también anacrónica ANR fundada en New York en 1871, considerada la organización de “derechos civiles” más antigua de Estados Unidos, cuyo objetivo es “proteger” la Segunda Enmienda de la Constitución, actualmente con más de 5 millones de socios que pagan 40 dólares por una suscripción anual y 1,400 por una vitalicia. “La NRA se disfraza como una fundación para los deportes de tiro, pero de facto es la patronal de los fabricantes de armas. Cada año la NRA recibe millones de dólares de la industria y está más dedicada a representar sus intereses, que aquellos de los propietarios de armas” asegura, Josh Sugarmann, director de Violence Policy Center (VPC), organización que defiende la regulación de armas. Fabricantes de armas como Beretta, Smith & Wesson y Springfield Armory, están entre sus grandes contribuyentes de NRA y otros como Taurus y Sturm Rus, le pagan un porcentaje por cada pistola o rifle que venden.
La NRA es notoria por sus donaciones electorales, en particular a candidatos republicanos. El actual presidente de la NRA, es el teniente coronel retirado, Oliver North, tristemente célebre por ser haber sido la mano derecha del presidente, Ronald Reagan, en la “guerra sucia” contra Nicaragua, declarado culpable y sentenciado por el escándalo político de Irán-Contra, aunque sus condenas fueron anuladas y todos los cargos desestimados en 1991 durante el gobierno de George Bush padre.
En 1960, el 36% de los norteamericanos se oponía a la derogación de la Segunda Enmienda. En 2016 los opositores eran el 76%. Una encuesta realizada en febrero de 2018 por la Universidad de Quinnipiac, Connecticut, arrojó que 66% de los norteamericanos es partidario de leyes más severas sobre la compra de armas, contra un 31% en contra. Se calcula que en Estados Unidos, la población posee entre 270 a 310 millones de armas de fuego. La triste marca con que termina el año la violencia en Estados Unidos en vísperas del año electoral, sugiere que el debate sobre la regulación de venta de armas será crucial entre republicanos y demócratas.