Por Zheger Hay Harb
En las épocas más duras del narcotráfico en los años 60, se creó en la fiscalía general, con apoyo de Estados Unidos e Inglaterra una sala llamada Esperanza para interceptar los teléfonos de personas sobre las cuales recayeran indicios ciertos de participación en ese delito.
Pero ahora, por declaraciones de dos ex funcionarios de la fiscalía presos en la cárcel La Picota y que están pidiendo someterse a la Justicia Especial de Paz –JEP- se ha venido a saber que esa plataforma está siendo utilizada para intervenir las comunicaciones de abogados de la contraparte en casos en que el ahora fiscal era apoderado de poderosas empresas. Ambos están presos por haber interceptado los teléfonos del presidente del sindicato de Avianca, cuando se enfrentaban en un duro proceso con la empresa.
Difícilmente pueden encontrarse huellas de este delito porque según ellos las órdenes se dan de manera oral y cada interceptación se cubre detrás de otra haciendo difícil el seguimiento. Así, según ellos, Esperanza sirve de fachada para espionaje en casos de corrupción en los cuales el ex fiscal Néstor Humberto Martínez tenía conflictos de interés como es el de Odebrecht y el caso Matos. Ninguna relación con narcotráfico en ellos.
La inhabilidad en el primero es por haber sido subalterno del dueño, el hombre más rico del país y en el segundo por haber sido apoderado de Matos en su litigio con la empresa Hyundai. Como en tantos otros que debían llegar a su despacho, el fiscal debería haberse declarado impedido pero con total cinismo negó la inhabilidad y siguió campante torciendo los procesos desde su poderoso sitial.
Desde cuando Juan Manuel Santos incluyó el nombre de Néstor Humberto Martínez en la terna de la cual el Congreso de la República debía elegir Fiscal General de la Nación, por todos los medios se dijo que no era un buen candidato porque en su ejercicio profesional, en uno de los despachos de abogados más rimbombantes del país, había actuado como asesor de muchos de los que luego tendría que investigar como jefe de la fiscalía. Pero Santos lo sostuvo, fue elegido y desde su posesión se dedicó a entrabar el proceso de paz y obstaculizar a la JEP.
Martínez se vio obligado a dejar el cargo presionado por el debate que le hicieron en el Congreso, con pruebas irrefutables de que tenía conocimiento sobre la corrupción en el caso Odebrecht y sin embargo nunca inició siquiera investigación contra su antiguo jefe. Adujo como pretexto para la renuncia que su alma pura no podía aceptar que la Justicia de Paz –JEP- hubiera negado la extradición del ex guerrillero Santrich.
Ahora se le ha comprobado que interceptó el teléfono del director de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- preso por el caso Odebrecht utilizando una orden falsa de la DEA. El asunto ha sido tan escandaloso que los financiadores de Esperanza le pidieron a la Fiscalía una auditoría interna sobre su funcionamiento. Y, ¡oh sorpresa!, la auditora fue víctima de un atentado.
Como acostumbra, Néstor Humberto dice que son calumnias de los dos ex funcionarios que lo acusan porque fue él quién los hizo detener, pero no explica qué pasó con las interceptaciones. El fiscal encargado, nombrado luego de la renuncia del titular en espera de que se elija al sucesor, para mostrar transparencia dice que a quienes sí se ha interceptado es a la ex senadora Piedad Córdoba y al ex ministro Alvaro Leyva, asesores de la mesa de negociación en La Habana. Se ha descubierto que no fue sólo a ellos sino a todos los negociadores de paz.
Ese espionaje ilegal se ha usado en Colombia en distintos momentos para buscar la caída de quienes consideran enemigos. En la presidencia de Alvaro Uribe el director del DAS (seguridad del Estado) le pasaba información al jefe paramilitar Jorge 40 sobre supuestos guerrilleros que luego aparecían asesinados, como fue el caso del profesor Alfredo Correa de Andreis por el cual el Estado debió pedir perdón a su familia. Cuando le mostraron las pruebas a Uribe de las alianzas de su pupilo lo defendió diciendo que era “un buen muchacho”.
La sucesora en el cargo cuando el anterior fue enviado a la cárcel interceptó los teléfonos de los magistrados e instaló micrófonos en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia cuando ésta investigaba a los parapolíticos, todos uribistas, entre ellos a su primo Mario Uribe. Por ese hecho éste fue condenado junto con 30 congresistas, el secretario general de la Presidencia de la República y la directora del organismo de inteligencia quien estuvo varios años prófuga de la justicia con apoyo del presidente.
En julio de este año dos senadores de izquierda y uno del partido liberal, aliado de Santos en la consecución de la paz, denunciaron en el Senado que sus teléfonos habían sido intervenidos con la mira de armarles casos penales para silenciarlos. Uno de ellos, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda dijo que ya radicó la denuncia penal contra Néstor Humberto porque los dos ex funcionarios presos que destaparon el caso aseguraron que todo se hacía con el conocimiento y la aprobación del fiscal general. Los congresistas espiados aseguran que el objetivo es poner trabas a la implementación del acuerdo de paz.
Con razón una de las banderas del paro y las marchas que ya se han prolongado por casi dos semanas es la lucha contra la corrupción. Y todo cubierto por la engañosa Esperanza.