Zheger Hay Harb
La Procuraduría General de la Nación acaba de echar por tierra en sede judicial el tinglado que el fiscal general apoyado por la caverna había montado para armarle un proceso por narcotráfico y corrupción al ex comandante de las Farc Jesús Santrich y de contera minar la credibilidad de la Justicia Especial de Paz (JEP) y acabar del todo con el proceso de paz.
Como tuve oportunidad de relatar en una columna anterior, la fiscalía hizo público un video con el que pretendía demostrar que un fiscal de la JEP y su jefe político, un paramiltar condenado, habían recibido dinero para impedir la extradición de Santrich a Estados Unidos.
El video es tan chapucero que lo primero que habría que pedirle a la fiscalía es que contrate en su oficina de prensa alguien que sepa de cine y televisión para que no repita semejante ridículo. En la filmación, mientras el jefe paramilitar mira directamente a la cámara como posando, el fiscal de la JEP se guarda el dinero no en un bolsillo interno del saco ni en el de la camisa, sino simplemente entre esta y el saco con lo cual, con cualquier movimiento que hiciera, semejante cantidad de plata -que uno supondría que quien la reciba quisiera asegurar muy bien- caería al piso o por lo menos en su regazo.
No se sabe, porque el fiscal que tanto habla no lo dijo, cuál fue la fuente que les informó de esa reunión ni de donde sale la afirmación de que el dinero era para torcer la extradición del ex FARC porque en ningún momento eso se menciona. No queda claro si lo que hubo fue infiltración o una incitación al delito por parte de la fiscalía. Tampoco se sabe cómo el ente investigador se sacó de la manga que ahí había un delito de narcotráfico y de qué manera se vincula con él a Santrich. Un abogado tan experimentado y que conoce tan bien el acuerdo de paz y la composición y funciones de la JEP como el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene que saber de sobra que un fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de ese tribunal no tiene ninguna injerencia en un caso de extradición a cargo de la Sección de Revisión.
Tampoco se sabe de dónde sacó que ese ex fiscal de la JEP fue el responsable de que la carta que el ministerio de Justicia envió a su homólogo en Estados Unidos pidiendo las pruebas contra Santrich no llegara a su destino. Ya se sabía -porque la ministra misma lo dijo a la prensa y asumió su responsabilidad en el caso- que la carta se enredó en Panamá debido al desgreño administrativo de la empresa de correos del Estado. Ahora resulta que no fue así sino que la larga mano de Santrich alcanzó a interceptar el correo estatal en ese país. Qué descubrimiento: el ex FARC tiene alcances para desarrollar una intriga internacional a lo James Bond y seguramente le ayudó la KGB. Falta que ahora traspase las paredes de la cárcel y aparezca comandando las huestes de Maduro. Hay que tener paciencia: posiblemente ese sea el próximo descubrimiento de la fiscalía.
Pero no puede haber respuestas lógicas a esas inquietudes porque todo obedece a la mala fe y la decisión de acabar con la JEP y todo lo que tenga que ver con el proceso de paz. Todo lo que se derive del acuerdo entre el gobierno y las FARC recibirá su oposición, tal como ocurre con la erradicación manual de los sembrados de coca: hoy en audiencia que la Corte Constitucional convocó para oír distintas versiones sobre el peligro de la aspersión con glifosato ante la solicitud del gobierno de que se modere la sentencia que lo prohíbe, ni él ni los ministros que participaron fueron capaces de responder el cuestionario que ese alto tribunal les presentó. El ex presidente Santos, quien también fue citado y acudió dejó en claro que una guerra que no ha podido triunfar en 50 años es un fracaso comprobado y que mientras existan el consumo y la prohibición el negocio del narcotráfico continuará.
Volviendo al nuevo montaje contra Santrich, la procuraduría inició su intervención en la audiencia de legalización de captura del ex fiscal de la JEP, su jefe parapolítico y demás involucrados diciendo: “Hay que decir desde ya que en toda esta evidencia no se encuentra nada que permita vincular este tema con el caso de Jesús Santrich”.
La procuraduría se pregunta cómo es que a este caso que según el fiscal se inició por una alarma de la DEA sobre la supuesta existencia de una red que vende información reservada se vinculó al ex guerrillero: “Pero no hay claridad de cómo llegó el asunto de Santrich al interior de este caso. ¿Cuál era el interés de la fuente en plantear ese tema, quién es la fuente y qué contactos previos tuvo?... esto se ha prestado para afectar a la JEP, y lo que hay es el comportamiento aislado de un funcionario”
Y sobre la relación del caso con una supuesta red de narcotráfico dijo que lo único que hay es “una breve conversación en la que se habla de un envío de 120 kilos, pero eso no da base para sostener que la organización se dedicaba a eso. Eso fue una mención y no es más que un hecho aislado”.
En este momento la JEP se apresta a dar su veredicto sobre si Santrich ha delinquido después del 1 de diciembre de 2017. Si comprueba que no ha sido así, tendrá que aplicar la garantía de no extradición y el ex guerrillero tendría que quedar en libertad. La fiscalía general había dicho que tenía pruebas contundentes de que luego de esa fecha éste había participado en la negociación de 10 toneladas de cocaína con el cartel de Sinaloa, pero no las ha presentado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que también dice tenerlas, se negó a enviarlas al tribunal de justicia transicional.
Ya la Sección de Revisión de la JEP cerró la etapa probatoria; dentro de 5 días recibirá los alegatos de conclusión de las partes y una o dos semanas después deberá proferir su fallo sobre si hubo delito y, de haber existido éste, si se cometió después de la fecha límite que marca el acuerdo de paz.
En mi modesta opinión y basada en mi experiencia como procuradora judicial penal, la JEP no tiene otra posibilidad que aplicar la garantía de no extradición. Si eso se produce, veremos la más fuerte arremetida del fiscal general y la derecha que lo apoya contra la justicia de paz acusándola de vendida a las FARC.