Jorge Gómez Barata
Originalmente, la Ley Helms-Burton no fue concebida para liquidar al régimen socialista cubano, sino para evitar que se reprodujera.
En los años noventa, cuando importantes círculos políticos occidentales apostaban a que la Revolución Cubana no sobreviviría, Estados Unidos no quiso correr el riesgo de que algún heredero, reformador u outsiders capitalizara una transición que consideraban inminente. De ahí que elaboraran un texto aplicable después de que en la isla se produjera el cambio de régimen.
En la coyuntura política de 1995, cuando el socialismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética eran historia, Cuba soportaba la más profunda crisis, en Miami se demandaban “tres días de licencia para matar”, y se escribían libros acerca de “La hora final de Fidel Castro”, Estados Unidos creyó necesario fijar las reglas para la transición. Así surgió la Ley Helms-Burton, que consta de cuatro capítulos.
El Capítulo I es retórica destinada a justificar la adopción del texto, y es irrelevante.
El Capítulo II, que constituye el núcleo de la ley, faculta al Congreso y al presidente de los Estados Unidos para monitorear el establecimiento de un gobierno de transición en Cuba después de Fidel Castro. La letra de ese capítulo conculca la soberanía nacional, fija los parámetros para liquidar las instituciones cubanas, y de hecho suspende la acción del estado, otorgando a Estados Unidos la conducción del proceso de transición, incluyendo la formación del nuevo ejército. De ese modo la isla quedaría convertida en un protectorado.
Ese artículo establece, incluso, que las nuevas autoridades no dispondrán de ayudas económicas de los Estados Unidos, excepto las de carácter humanitario, y aseguraba que el embargo no sería levantado hasta que se cumplieran los requisitos fijados en el texto, y el presidente norteamericano certificara que la transición, según las reglas prefijadas, se hubiera completado.
La guinda del pastel es la disposición según la cual el Presidente de Estados Unidos designará un “oficial” encargado de implementar la estrategia, y asegurar la distribución rápida y eficiente de la ayuda, supervisar y garantizar la coordinación entre las agencias del gobierno de EEUU, y resolver cualquier disputa que surja entre ellas. Ese procónsul tendría plenos poderes.
Según el Capítulo II de la Ley Helms-Burton una vez que el presidente de Estados Unidos certifique que existe en Cuba un gobierno aceptable, en coordinación con el “oficial a cargo” de la implementación del programa de asistencia, se autorizaría al Presidente a designar un Consejo Estados Unidos-Cuba para la coordinación entre el gobierno y el sector privado de Estados Unidos.
Tampoco habría fiesta en Miami. Según la letra de la ley, “Sólo después del establecimiento de un gobierno de transición, debidamente certificado, se permitirá que los cubanos viajen sin restricciones a visitar a sus familiares. Y después de que, cumplidos todos los requisitos establecidos por la ley y previa notificación al Congreso, el Presidente podrá comenzar a tomar medidas para suspender el embargo económico a Cuba…”
La paradoja del Capítulo II es que es que sólo puede ser aplicado después de haberse consumado el cambio de régimen en Cuba, no antes.
El Capítulo III, que originalmente carecía de significación, entre otras cosas porque cuando se dictó la ley, los inversionistas extranjeros, que aún son sumamente pocos, no estaban en Cuba, y muchos no tenían nada que ver con propiedades nacionalizadas, cosa que explica por qué durante 20 años su aplicación fue suspendida por cuatro presidentes, incluido Donald Trump.
Otra contradicción en la ley es que, precisamente como parte de las reformas en curso en la isla, los preceptos y regulaciones acerca de la propiedad privada, incluso las asociadas con la inversión extranjera; se han flexibilizado a favor de la introducción de prácticas propias de las economías de mercado.
La perversidad de la decisión de aplicar ahora el Capítulo III se debe a la voluntad del gobierno cubano de realizar reformas económicas internas, incluyendo la apertura a la inversión extranjera, para lo cual ha tratado de crear condiciones económicas y jurídicas.
Según el texto y el espíritu de la legislación, más que de liberar a Cuba se trata de vengarse de ella. Ricardo Alarcón, el diplomático cubano más experimentado y que mejor conoce la política estadounidense hacia Cuba, ha dicho: “La aplicación plena de la Ley Helms-Burton significaría la liquidación de Cuba como país”.