El gobierno argentino anunció la confiscación de unas 1,000 armas y cientos de explosivos, y la desarticulación de la banda internacional que las traficaba, para lo cual contó con la ayuda de Estados Unidos. El desbaratamiento de la organización delictiva se logró luego de más de 50 allanamientos de las fuerzas de seguridad realizados en domicilios particulares, oficinas y armerías de Buenos Aires y las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y Santa Fe, durante los cuales fueron detenidas 17 personas.