BOGOTÁ, Colombia, 10 julio (AFP/EFE/AP).- El partido la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pidió este miércoles a la fiscalía que investigue si existe un plan en marcha para atentar contra sus líderes, en medio del asesinato de decenas de excombatientes de la disuelta guerrilla que firmaron la paz en noviembre de 2016.
Julián Gallo, senador y vocero del partido que surgió de los acuerdos que pusieron fin a la lucha armada rebelde, presentó una denuncia ante la fiscalía para que indague el alcance de unos mensajes de texto que a su juicio podrían configurar un complot contra la cúpula.
“A nuestro modo de ver, (esto) de alguna manera evidencia que pueda haber un plan para atentar contra los dirigentes del partido FARC, y hemos aportado esas evidencias para que se abra una investigación y se pueda determinar el origen de esos mensajes”, sostuvo Gallo, también conocido como Carlos Lozada.
Según el parlamentario, estas presuntas amenazas deberían ser consideradas en “un contexto en donde han sido asesinados más de 140 integrantes del partido” después de la firma del pacto de paz.
“Nos llama la atención que podamos estar entrando en una nueva etapa de esta serie de asesinatos”, indicó a los periodistas a su salida de la fiscalía.
Márquez pierde investidura
El Consejo de Estado de Colombia dejó en firme este miércoles el fallo del pasado 14 de junio con el que decretó la pérdida de investidura como congresista del exlíder de las FARC Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien nunca tomó posesión del cargo y cuyo paradero se desconoce.
“Aplicar la sanción a quien decide no posesionarse sin que medien razones suficientes protege la reintegración política colectiva de quienes dejaron las armas y evita que se defraude nuevamente la confianza depositada en el acuerdo de paz”, dijo a periodistas el magistrado Alberto Montaña Plata sobre la decisión que tomó hoy el organismo.
Asimismo, señaló que “quienes resulten designados para ocupar las curules de las FARC adquieren obligaciones constitucionales cuyo incumplimiento puede motivar un proceso de pérdida de investidura”.
El fallo entró a regir hoy porque la defensa de Márquez no presentó el recurso de apelación contra la sentencia del 14 de junio.
A mediados de 2018 Márquez afirmó que se trasladaría a una zona de reunión de exguerrilleros en Miravalle, ubicada en el sur del país, donde después de perdió su rastro, aunque ocasionalmente publica comunicados sobre el proceso de paz.
Márquez argumentó falta de garantías de seguridad para permanecer en la vida en sociedad tras la detención el 9 de abril de 2018 del exguerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, a quien Estados Unidos pide en extradición al acusarlo de presuntamente planear el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país tras la firma de la paz.