Por Pelayo Terry Cuervo
Más de un millón de cubanos esperan las pocas horas que restan para que expire el mes de julio y llegue el caluroso agosto, pero en esta ocasión la vista no está fijada en los agobiantes días que, como cada año, el octavo mes del calendario “regala” al archipiélago con sus altas temperaturas. La expectativa se traduce en ver hasta cuánto aumentará el salario que recibirán los trabajadores del sector presupuestado y los pensionados.
En las calles, centros de trabajo, comercios, en las comunidades, los beneficiados con la medida, además de preguntarse cuánto les tocará de ese incremento, comienzan a realizar planes para cuando el bolsillo les crezca un poco más, en medio aun de complejas situaciones de abastecimiento de productos y dificultades no resueltas con múltiples servicios de cara a la población.
Y en medio de la alegría que significará esta medida, muy esperada, pero sobre todo demandada durante años por un sector que “aguantó” las embestidas de una economía que le hacía cada día más complicada su vida, no dejan de estar presentes las primeras señales acerca de uno de los temas cruciales asociado a ella, que está relacionado con el control de precios.
Una vez anunciada la subida salarial, tanto autoridades, especialistas, la prensa y los ciudadanos en general han estado alertando sobre la necesidad de que los sectores que ofrecen bienes y servicios, tanto el estatal como el privado, mantengan un tope a los precios en que venden sus mercancías, pues de lo contrario, el valor real de este aumento, que significa varias veces lo que el país pagaba a ese sector presupuestado, no se apreciará y continuarían las mismas limitaciones del poder adquisitivo del peso cubano.
Como hoy las redes sociales funcionan como un espacio de concertación y denuncia y en el entorno nacional no dejan de moverse de esa manera, ya existen los primeros cuestionamientos de usuarios acerca de la elevación de precios en algunos servicios mucho antes del inicio del pago, como el transporte privado en varias provincias, así como en la venta de productos en el sector cuentapropista.
En La Habana, por ejemplo, ante las preocupaciones de la población, el Consejo de la Administración Provincial se adelantó y a partir de las normativas financieras actuales, decidió el establecimiento de precios máximos desde el 1ro. de agosto, tomando en cuenta la alta demanda de los productos y que están listos para la venta en el momento en que son adquiridos por los trabajadores por cuenta propia, por lo que no requieren estos de gastos adicionales para su comercialización, salvo su transportación y el impuesto correspondiente de la venta.
Por otro lado, como mismo algunos aplauden este tipo de medidas, otros van un poco más allá y mientras concuerdan con lo decidido, solicitan una profundización en estrategias que logren un control en el mediano y largo plazos, y no solo lo hagan contra quien presta el servicio o comercializa un producto.
Así, también abogan por la creación, de una vez y por todas, de los mercados mayoristas para los cuentapropistas y por una estabilidad en la oferta de productos en las tiendas y mercados, que impidan acumulación de dinero en los bolsillos y den paso a una inflación que se convierta en incontrolable.
En fin, desde ya muchos se “afilan” los dientes para, en la primera quincena de agosto, retirar o comprobar en su tarjeta magnética el nuevo monto aprobado, o asistir a la “Caja” de su centro de trabajo a cobrar el nuevo salario de la felicidad.
En tanto, otros (inspectores, autoridades, el pueblo) deben estar atentos a que la economía toda mantenga su estabilidad y que la decisión adoptada signifique en realidad un mejoramiento en la calidad de vida de los más de un millón 470 mil trabajadores cubanos que en pocas horas comenzarán a vibrar con un nuevo momento de sus vidas, los cuales tendrán su continuidad en lo anunciado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el acto conmemorativo por el 26 de Julio, de que nuevas medidas, propuestas por el pueblo, deberán aprobarse en las próximas semanas y meses.