Alfredo García
El pueblo boricua sorprendió con una combativa jornada de democracia participativa. Las pasadas dos semanas, masivas protestas callejeras exigiendo la renuncia del gobernador colonial de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, circularon en titulares de prensa y televisión en todo el mundo. Finalmente, agobiado por la creciente presión popular, Rosselló, anunció el pasado jueves 25 que dimitirá el próximo 2 de agosto.
La demanda popular no fue para exigir el fin del sistema colonial que ejerce Estados Unidos sobre la nación boricua desde hace más de un siglo, sino por la indignación provocada por filtración a la prensa de conversaciones privadas entre Rosselló y sus asesores con comentarios homofóbicos y discriminatorios sobre artistas y políticos puertorriqueños, amenazas a la prensa, burla hacia víctimas del huracán “María” que devastó la isla en 2017, y groserías hacia adversarios políticos dejando también al descubierto sucias prácticas de Gobierno.
En 1917, para amortiguar la ocupación colonial, el Congreso de EE.UU. otorgó la ciudadanía norteamericana a todos los nacidos en la isla. Sin embargo, por la limitación de derechos, el puertorriqueño es en realidad un “súbdito” del gobierno norteamericano. Obligados a participar en las guerras de EE.UU., no pueden elegir candidatos a la presidencia, excepto que residan en territorio continental. La ilusión de formar parte del “modo de vida norteamericano”, provoca que hoy la población puertorriqueña en EE.UU. supere casi en doble a los de la isla. Ese “derecho” de residencia, ejerce el perverso poder de anestesiar el patriotismo puertorriqueño.
Sin embargo, la quimera del “sueño americano” se deshizo cuando en mayo de 2017, a pesar de la dependencia económica con EE.UU., el gobernador colonial anunció la quiebra de su administración para reestructurar la deuda que ascendía a 70 mil millones de dólares. En septiembre del mismo año, se desvaneció la esperanza en EE.UU., cuando Washington dejó indefenso a Puerto Rico después que el huracán “María” devastó la isla, con un saldo de más de 4 mil muertos e incalculables daños en viviendas e infraestructura.
A pesar de ser declarada toda la isla Zona de Desastre Federal, el gobierno norteamericano reaccionó con tibieza al problema humanitario a través de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) y el 13 de octubre solicitó 4,9 mil millones de dólares para financiar un programa de “prestamos” al gobierno colonial para uso en “funciones básicas y necesidades de infraestructura”. En visita relámpago a la isla en medio de la catástrofe causada por el huracán, el presidente Donald Trump provocó un escándalo al lanzar rollos de papel sanitario a una multitud de puertorriqueños que pedía ayuda.
La forzada renuncia del gobernador y varios de los miembros de su Gabinete, han sumido a la administración colonial en el caos. Todos los reemplazos por orden de jerarquía, renunciaron a sus cargos durante las manifestaciones de protesta. La secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, en turno para sustituir a Rosselló, notificó qué no quiere el cargo creando una incógnita sobre el reemplazo del gobernador.
La unidad, fuerza y empuje del enojo popular, demostró las raíces de rebeldía que subyace en la conciencia de los boricuas, más allá de ideologías y conveniencias temporales conque la cultura colonial ha dividido y mediatizado a gran parte del pueblo isleño. El Congreso de EE.UU. espera que las “democráticas” opciones de “independencia” (cada vez más satanizada) y “autonomismo” fracasado, coadyuven a crear una coyuntura donde la preferencia por la “estatidad” se convierta en contundente mayoría, para que el electorado solicite “democráticamente”, convertir a Puerto Rico en el Estado 51 de la Unión Americana. Sin embargo, el pueblo boricua puede volver a sorprender.