Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Coeficolombiana, empresa socia de la corrupta multinacional Odebrecht dice que sobornaron para evitar que otros lo hicieran. Entregaron 6.5 millones de dólares al viceministro de Transporte del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, hoy confeso y preso por este caso. Lo hicieron, según dice ahora el abogado de la firma, antes de que el funcionario se dejara tentar por otros proponentes para obtener la concesión de la obra. Afirmó con toda frescura que corrompieron para evitar que otros corrompieran.
La concesionaria incumplió el contrato con el Estado, dejó la obra, la más grande en infraestructura del país (la Ruta del Sol que conecta el centro con la costa caribe) a medio hacer y se declaró en bancarrota con grandes deudas con los bancos. Pero no sólo incumplió y delinquió sino que ahora hemos salido a deberle y ha demandado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que pague las deudas en que incurrió con los bancos. El asunto fue sometido a un tribunal de arbitramento que debe emitir su laudo arbitral el próximo 6 de agosto.
Fue en la última reunión de ese tribunal donde oímos ese despliegue de creatividad sobre las bondades de la corrupción preventiva. Pero no acabaron ahí las sorpresas. En esa audiencia el abogado de los bancos acreedores ha afirmado que es el Estado quien debe asumir esas deudas. Este ingenioso abogado ha tenido muy buena escuela: fue socio del actual ministro de Hacienda en la empresa con la cual administró los llamados Bonos de agua que creó cuando ejercía el mismo cargo en el gobierno de Álvaro Uribe. Con ellos se enriquecieron los dos avivatos al paso que 117 municipios no sólo se quedaron sin agua sino que al día de hoy, diecinueve años después, siguen sin el líquido y endeudados por los créditos adquiridos haciéndole caso a quien, en premio, fue nombrado de nuevo en la misma cartera en el presente gobierno por mandato de Uribe.
Resulta que el hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, es socio de la concesionaria incumplida y corrupta y él mismo es dueño de cuatro de los bancos acreedores. Así que, según esa tesis, que muy posiblemente acoja el gobierno, todos los colombianos debemos pagar esa deuda de Sarmiento con él mismo. Un poco más y la Nasa se roba este cerebro creativo.
El locuaz ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en plena época de apretón fiscal, que lo ha llevado a decir que el salario mínimo es “ridículamente alto”, mientras rebaja los impuestos a los más ricos, esta vez ha guardado silencio sobre la propuesta de su antiguo socio.
Hay que decir que el nombre del banquero y socio de la empresa incumplida y supuestamente quebrada, tiene mucho peso en el presente gobierno. En efecto, Luis Carlos Sarmiento Angulo financió el 60% de las campañas presidenciales de Uribe y Duque; fue jefe del ex Fiscal General de la Nación, quien se abstuvo de adelantar investigaciones por la corrupción de Odebrecht para cuidarle las espaldas a su antiguo patrón, mientras andaba muy ocupado persiguiendo a Santrich (sin que eso quiera decir que yo exculpe a este ex guerrillero), tratando de acabar conh la Justicia Especial de Paz (JEP) y estorbando la implementación del proceso de paz, todo lo cual le servía como cortinas de humo.
Cuando la JEP se abstuvo de ordenar la extradición del ex comandante, aprovechó la ocasión para montar un sainete y decir que renunciaba porque no podía tolerar ese atropello a la justicia.
De inmediato se supo que ya la Corte Suprema le estaba pisando los talones e iba a sentenciar que le ordenaba apartarse de todos los procesos que tuvieran que ver con Odebrecht, precisamente por sus conflictos de interés. Ya Uribe que es el verdadero presidente del país está afinando sus proyectos políticos para poner a ese funesto ex fiscal como candidato a la presidencia.
El escándalo por los sobornos de Odebrecht sólo saltó a la luz pública en Colombia cuando ya lo había hecho en el nivel internacional y ahora ha tomado un nuevo cariz aquí porque la columnista María Jimena Duzán dijo en su columna de la revista Semana que el gobierno y la empresa concesionaria (es decir, Sarmiento Angulo) están armando un acuerdo para pagarles a los bancos 1,2 billones de pesos, una semana antes de que el tribunal de arbitramento produzca su laudo arbitral. ¿Qué sentido tendría entonces este organismo si se supone que se conformó para que adopte una postura que todos los involucrados están obligados a acatar?
Ya la Procuraduría General de la Nación anunció que se estaba preparando para intervenir en la defensa de los intereses nacionales y en sentido semejante se ha pronunciado la Contraloría General.
Ante el escándalo que esta noticia produjo, la ministra de transporte salió a decir que sí están organizando el acuerdo pero que no es clandestino y que ya en 2017 y 2019 el Estado hizo dos pagos a los bancos y terceros de buena fe por 1.4 billones de pesos para ahorrarse el pago de los intereses. Cuando a los colombianos nos están diciendo que tenemos que apretarnos el cinturón, la plata sale a chorros para enriquecer aún más a los voraces banqueros, especialmente a Sarmiento, el más grande del ramo.
El dinero se obtendría vía impuestos y como este gobierno, con el pretexto de crear empleo se los ha reducido a los empresarios y los terratenientes prácticamente no pagan tributo, seremos los colombianos de clase media y los más pobres los que le daremos a Sarmiento Angulo el premio a su voracidad y corrupción.