Zheger Hay Harb
Luego del escándalo por la directiva del comando general del ejército presionando a las unidades a que aumentaran los resultados en un estilo que recordó los infames falsos positivos, uno nuevo sacude los estamentos castrenses: militares activos están involucrados en secuestros.
Todo forma parte del mismo entramado tramposo para mostrar “positivos” en el desempeño del ejército y, de paso, sacar provecho económico de acciones inexistentes.
En el pasado mes de julio el ejército dio un parte de éxito con la liberación de un joven que había sido secuestrado. La familia de la víctima había recibido una llamada de un supuesto integrante de las autodefensas (paramilitares) exigiendo el pago de rescate, amenazando con que si no lo hacían sería mutilado para enviar pruebas de que estaba en su poder.
La familia denunció el hecho ante la Fiscalía, que asumió la investigación junto con el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) de la policía. Descubrieron que un sargento retirado de este grupo se había puesto en contacto con la familia de la víctima y le había recomendado que pagara el rescate y no volviera a contactar a los uniformados. Esto los hizo entrar en sospechas y decidieron seguirlo.
Las cámaras de seguridad mostraron que el vehículo utilizado para el secuestro era el asignado al director de los Gaula Militares, el teniente coronel César Augusto Martínez, sobrino del comandante del Ejército General Nicacio Martínez. Las escuchas telefónicas detectaron además que se comunicaba con dos militares activos asignados a Gaulas militares, que eran quienes habían realizado el secuestro.
Las pesquisas los llevaron hasta el lugar donde mantenían al secuestrado y allí encontraron elementos pertenecientes al Gaula. Apenas después de que todo se descubrió el teniente coronel Martínez tuvo que aceptar que ese carro era el que tenía asignado y que los dos involucrados estaban bajo su mando pero que no tenía nada que ver con el caso.
Según la revista Semana, un oficial del ejército les manifestó que “Ahí no va a pasar nada. El señor oficial es el sobrino de mi general Martínez. El año pasado hubo unas investigaciones en su contra por supuesta corrupción, que sencillamente no avanzaron porque en ese momento el inspector era mi general Martínez. Ahora, siendo comandante del Ejército, pasará menos”.
Pero Martínez debe estar sintiendo pasos de animal grande porque no es el único escándalo reciente en el ejército bajo su mando: a los casos de corrupción por venta de salvoconductos para porte de armas, de oficiales que obligaban a los contadores a legalizar gastos personales como si fueran de servicio y la exigencia de comisión a proveedores, que ya han ocasionado la destitución y detención de oficiales de alto rango, se suma la famosa orden que incentiva los falsos positivos, como han denunciado organizaciones sociales, medios de prensa nacionales, organismos internacionales y Human Rights Watch.
Hace unos cinco meses el Gaula de Cundinamarca reportó la captura de 11 personas que supuestamente pertenecían a una banda de extorsionistas pero las investigaciones de la Fiscalía arrojaron que las capturas habían sido solicitadas por corrupción de alimentos, un delito que no cae bajo la jurisdicción de esos grupos antisecuestros y extorsión.
Como ocurre con frecuencia, las indagaciones de las unidades investigativas de los medios de comunicación han llevado a descubrir muchos de esos casos que prueban que los Gaula inflan artificialmente sus resultados para responder a las exigencias de resultados que les hace la cúpula del ejército y así mismo para cobrar gastos inexistentes por esas supuestas operaciones. La revista Semana comprobó que oficiales que estaban en Bogotá simultáneamente cobraban viáticos como si estuvieran en comisión de servicio en otras ciudades. Al parecer, oficiales han denunciado que han recibido presiones de sus superiores para firmar las misiones ficticias, lo cual ha sido denunciado por varios de ellos ante el general Nicacio Martínez pero hasta el momento no se ha tomado ninguna medida al respecto.
En el caso del secuestro arriba anotado la respuesta del ejército a la revista que destapó el delito deja serias dudas: afirma que quienes lo cometieron ya habían sido retirados lo cual se ha comprobado que es falso; dice también que el vehículo usado en el secuestro no es el asignado al comandante del Gaula siendo que él mismo lo aceptó y omite el nombre del sobrino del general Nicacio Martínez, comandante del ejército, cuya vinculación ha sido probada.
El ejército ni siquiera se refiere en su respuesta a la denuncia de la revista sobre cobro ilícito de gastos de operaciones inexistentes.
Si bien el general Martínez no ha sido acusado formalmente, las sombras sobre él se hacen cada vez más espesas. En Colombia no existe el delito de sangre, nadie puede ser considerado culpable por ser familiar de un delincuente, pero en el caso del comandante del ejército éste que involucra a su sobrino es apenas uno de muchos.
Cuando se rumoró que el general Nicacio Martínez sería ascendido, muchas voces se alzaron para advertir al gobierno que él estaba involucrado en procesos de ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente llamadas falsos positivos así como en casos de corrupción, pero el Ejecutivo hizo oídos sordos, lo ascendió y nombró comandante general del ejército.
Con actuaciones así ¿el gobierno y el ejército piensan que podemos seguir hablando apenas de manzanas podridas en la institución militar? ¿O más bien podemos hablar de general podredumbre?