El próximo día 7, cuando se conmemora la batalla de Boyacá que selló la independencia en 1819, se cumple el primer año de gobierno del actual presidente Iván Duque Márquez y, como es costumbre, se hace un balance de los éxitos y fracasos de su gestión en ese período.
Aunque sé que resaltar aspectos favorables ayuda a dar apariencia de imparcialidad y juicio justo, mis esfuerzos han sido en vano para encontrar algo positivo que ayude a matizar el desastre que ha sido su primer año de gobierno. Veamos:
En el tema internacional el año se le fue tratando de tumbar a Maduro a punta de bravuconadas como si no supiera que los problemas de Venezuela sólo pueden resolverlos sus ciudadanos y nadie más; ya no sabemos cuántos meses han pasado desde cuando entre él y el pelele de Guaidó anunciaron que el presidente venezolano tenía los días contados. Ante la creciente llegada de venezolanos, no ha logrado estructurar una política migratoria coherente con los correspondientes programas que permitan atenderlos con dignidad sin mayores traumatismos internos.
Siempre en llave con el secretario general de la OEA Luis Almagro y los presidentes derechistas de la región, se retiró de Unasur y presentó como reemplazo de este organismo al Prosur, del cual todavía no tenemos ninguna certeza ni incluye a todos los países de la región, por lo cual su margen de mediación es mínimo.
Gustosamente dobló la cerviz ante Bolton y calló cuando éste, como si pudiera tomar determinaciones internas amenazó con enviar 5,000 soldados de Estados Unidos a Colombia para atacar a Venezuela y así desperdició la oportunidad de asumir el papel de mediador como correspondería al país que por razones geográficas, históricas y culturales tiene lazos muy fuertes con él, papel que en cambio sí adoptó Noruega.
Juan Manuel Santos había logrado vender internacionalmente una idea de éxito con su propuesta de paz, con el combate al crimen organizado, el proceso de desmovilización de las FARC y el inicio de conversaciones con el ELN; logró la entrada del país en la OCDE y exigió autonomía para decidir su política antidrogas, llegando hasta proponer su legalización como único remedio definitivo a ese problema. Logró así mismo que los países del pacto Schengen y muchos otros quitaran el requisito de la visa a los colombianos.
Duque habría podido usufructuar esos avances pero azuzado por el odio de Uribe a todo lo que tenga que ver con Santos y el proceso de paz, se ha concentrado en torpedear la implementación del proceso, de manera tal que ha recibido reproches del Secretario General de la ONU, de su Consejo de Seguridad (que actúa como veedor de la desmovilización por compromiso con el Estado colombiano), la Misión de Verificación de la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Unión Europea.
Cambió ese mundo diverso y fuerte de apoyos a un proceso de paz que ya estaba andando por una relación de subordinación con Almagro, con quien comparte la obsesión de tumbar a Maduro.
Su respuesta al informe del periódico New York Times que señalaba al ejército de estar alentando la comisión de ejecuciones extrajudiciales, eufemísticamente llamados falsos positivos, le granjeó el reproche del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y la contestación airada del ex presidente Alvaro Uribe al análisis de la revista The Economics que concluía que el primer año de gobierno de Duque arrojaba un saldo en rojo y que éste se veía desdibujado y sin rumbo dejó a éste en la posición de no saber dar una respuesta razonada y fortaleció la imagen de que está subordinado al ex mandatario y hoy senador.
La política interna ha estado guiada por la proscripción de las palabras paz y conflicto armado interno y todo lo que pueda relacionarse con ellas, por eso los asesinatos de líderes sociales han sido minimizados por el gobierno diciendo, por boca del ministro de Defensa que han muerto por líos de faldas, que no hay sistematicidad en sus muertes a pesar de que hay factores comunes: defensores de tierra que luchan por la restitución de los desposeídos, luchadores ambientales que se oponen a grandes proyectos que agreden el medio ambiente y a la aspersión aérea con glifosato, indígenas y comunidades negras que defienden la restitución de los territorios colectivos y reivindican, junto con comunidades campesinas, la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos.
Por eso, cuando en la multitudinaria marcha del día 26 del mes pasado que exigía que el gobierno parara los asesinatos e investigara esas muertes hasta llegar a los instigadores y últimos responsables, el presidente Duque muy oportunistamente se sumó a ella en Cartagena, fue recibido con silbidos y abucheos.
En cuanto a la educación, este período ha estado marcado por las marchas de los estudiantes de todo el país, con apoyo de la mayoría de la población, exigiendo presupuesto para la educación superior.
El desempleo ya llega a dos dígitos y el ministro de Hacienda dice que no sabe por qué se produce ni cómo remediarlo y hay una enorme crisis en la salud ligada a la corrupción pero el gobierno se desgastó, haciéndole caso a Uribe, en el intento de acabar con la JEP, en lo cual afortunadamente no tuvo éxito a pesar de todas las triquiñuelas con las que quisieron que el Congreso aprobara las objeciones presidenciales a la ley marco de esa jurisdicción.
El Banco de la República bajó la proyección de crecimiento del 3.5% al 3% pero según los expertos el país necesita crecer al 4% para abatir el desempleo y la pobreza; con la firma del Acuerdo de Paz Colombia lanzó al mundo una imagen de país pujante que llamó la inversión extranjera y la pobreza tuvo una caída de casi la mitad, lo cual desafortunadamente ha sufrido una recaída.
Ahora Duque está empeñado en hacer aprobar una ley que establezca la doble instancia para quienes hayan sido condenados por la Corte Suprema de Justicia cuando ésta juzgaba en una única por considerar que siendo tribunal, con múltiples jueces, se subsanaba la falta de juicio con apelación. Esa ley tiene nombre propio: Andrés Felipe Arias, el hijo dilecto del corazón de Uribe, extraditado de Estados Unidos, condenado en el país por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia (mediando además múltiples recursos de ley) y cuyos reparos no fueron considerados válidos por la justicia estadounidense.
Esta ley tiene posibilidades de prosperar porque aunque tiene nombre propio, los parapolíticos que ya fueron condenados quedarían cobijados por ella y como, a pesar de ser uribistas en su totalidad son a la vez miembros del Partido Liberal, el Conservador y Cambio Radical, los congresistas de esas filiaciones votarían para favorecer a sus copartidarios.
Sin temor a pecar de maniquea puedo decir que en ese saldo en rojo ganan los funcionarios y ex miembros de la función pública cuya honestidad está en tela de juicio, los terratenientes que no pagan impuestos, los beneficiarios de gabelas como los responsables de la corrupción de Odebrecht por quienes quieren hacernos pagar a todos vía impuestos, y perdemos los colombianos no incluidos en las anteriores categorías.