Zheger Hay Harb
En medio de denuncias diarias sobre espionaje estatal a magistrados de la Corte Suprema que adelantan un proceso contra el expresidente Alvaro Uribe Vélez, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, ha denunciado espionaje a su sede mediante la utilización de drones.
Esta ONG es uno de los centros de estudio, análisis y defensa de derechos humanos más importantes del país, con rigor jurídico y compromiso con una trayectoria de éxito en las demandas que ha presentado en representación de las poblaciones más vulnerables.
No es el único caso, ni el asunto es nuevo. Tendríamos que remontarnos a los tiempos del gobierno del ahora procesado cuando se descubrió que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban la parapolítica estaban siendo espiados mediante micrófonos colocados en la sala plena. Por ese caso fueron condenados varios de los más altos funcionarios de ese gobierno, así como la entonces jefa del DAS (organismo de inteligencia del Estado) María del Pilar Hurtado, prófuga de la justicia con ayuda del presidente de la República; estamos viendo que pese a que se investigó y sancionó a quienes incurrieron en esa práctica propia de dictaduras el espionaje sigue siendo práctica común.
Cuando se adelantaban las conversaciones de paz en La Habana el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, denunció espionaje a su correo electrónico particular e intentos de acceder a su computador y a su celular. Como el gobierno de ese entonces, en cabeza de Juan Manuel Santos, estaba empeñado en sacar adelante el acuerdo con la guerrilla como afortunadamente ocurrió, el asunto no puede atribuirse a él sino a los enemigos de la paz comandados por Uribe, antecesor de Santos.
¿Cómo puede explicarse que cuando se adelantaban con total sigilo los diálogos entre gobierno y guerrilla Uribe publicaba en su twitter el contenido de las conversaciones a medida que se producían?
La revista Semana había denunciado a inicios de 1914 la existencia de una operación de inteligencia militar con el nombre de Andrómeda, encargada de espiar los diálogos de paz y a las figuras políticas que los apoyaban. Muy posiblemente elementos del antiguo DAS de Uribe que debió ser clausurado cuando se descubrió que su jefe pasaba información al jefe paramilitar Jorge 40 para que asesinara a quienes consideraba enemigos del gobierno por ser líderes sociales como ocurrió con el profesor Correa de Andreis fueron los encargados de realizar las interceptaciones sobre la cual tenían el conocimiento de los procedimientos y la práctica necesaria.
Esa fue la plataforma mediante la cual espiaron a De la Calle, a los periodistas que cubrían los diálogos y a los negociadores de las FARC que también denunciaron el hecho y exigieron al gobierno resultados de la investigación sobre Andrómeda descubierta meses antes.
El pasado 13 de enero la misma revista fue la encargada de dar la voz de alarma sobre el hecho de que el ejército estaba haciendo interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y dirigentes políticos y el escándalo que suscitó provocó la salida del general Nicacio Martínez, comandante general de las Fuerzas Armadas, tantas veces denunciado por corrupción y falsos positivos. Tal vez le pareció al gobierno que las chuzadas, como se denominan popularmente en Colombia estos espionajes, eran más graves que las ejecuciones extrajudiciales y la falta de ética en el manejo del erario y ahora sí aceptó destituirlo.
Esta semana ha sido la antes citada ONG de juristas la denunciante: estando en una reunión de equipo vieron por la ventana un dron suspendido en el aire frente a su ventana “con una o dos cámaras que sobresalían en su pequeña estructura angular”. La sorpresa no les dio espacio para tomar medidas.
El director de esa institución denunció el hecho ante el Alto Comisionado de Paz a quien aseguró que todo apunta a que fuera autoría de agentes estatales. Como ya se conocía la denuncia de Semana no había que hacer un gran esfuerzo para saber de dónde venía el espionaje. Dice Gallón que el funcionario solicitó “a un coronel presente en la reunión que se hicieran las averiguaciones pertinentes para esclarecer lo que hubiera podido haber pasado”.
Sin embargo, días después, el 24 del presente mes, el hecho se repitió y en esa oportunidad sí registraron fotográficamente y en video al dron que los espiaba.
Al día siguiente Humberto de la Calle también denunció que un dron lo vigilaba por la ventana.
No ha recibido el país explicaciones satisfactorias por parte del presidente Duque sobre las denuncias de la revista ni las de la Comisión Colombiana de Juristas o del doctor De la Calle, ex jefe negociador del gobierno, ex ministro de Gobierno y ex vicepresidente de la República.
Ante esta situación no puede uno evitar preguntarse cómo es que organizaciones criminales dicen tener información sobre líderes sociales, ONG, defensores de derechos humanos y opositores al gobierno.
El desarrollo del acuerdo de paz necesita una base de tranquilidad ciudadana, de confianza en las instituciones que garantice que las diferencias pueden tramitarse dentro de los cauces legales, que evite el tomar la justicia por mano propia, de respeto a la palabra empeñada por el Estado ante una guerrilla que se desarmó confiada en ella y estos atropellos a la legalidad no contribuyen en nada a la pacificación del país.
¿Será por eso que la ministra del Interior ha dicho que el proceso de paz es “semi fallido”?