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LA PAZ, Bolivia, 4 de enero (AFP).- La Fiscalía boliviana instruyó este sábado investigar a seis miembros de la Guardia Civil de España que habrían ingresado al país andino con identidad falsa y participado en un confuso incidente en la embajada de México en La Paz.

“Se quiere verificar si esas personas portaron pasaportes falsos en la ciudad de La Paz vulnerando la soberanía del país”, declaró el fiscal general del estado, Juan Lanchipa, a la local Agencia de Noticias Fides (ANF).

Los seis miembros de la Guardia Civil de España, abandonaron el viernes el país sudamericano en un vuelo comercial de la línea aérea Avianca informó el director Nacional de Migración, Marcel Rivas.

Versiones de la prensa española aseguraban que el personal de seguridad ingresó a Bolivia con identidad falsa y pertenecen a “un grupo especial de la Guardia Civil española”.

Los agentes fueron filmados hace diez días con el rostro cubierto en las inmediaciones de la residencia mexicana en La Paz que en esos momentos era visitada por los diplomáticos españoles Cristina Borreguero (encargada de negocios) y Álvaro Fernández (cónsul).

Autoridades policiales bolivianas denunciaron que el grupo, “aparentemente armado”, y a bordo de coches diplomáticos, pretendía evacuar de manera subrepticia al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, asilado desde que renunciara a la presidencia Evo Morales, el 10 de noviembre pasado, tras una convulsión social y política.

España negó “rotundamente” que se intentara facilitar la salida de alguno de los asilados bolivianos y argumentó que se trataba de una visita de cortesía a la residencia mexicana.

Sin embargo el gobierno de La Paz ordenó la expulsión de los diplomáticos de México y España. El gobierno de Madrid calificó de “hostil” la expulsión de su personal y respondió en reciprocidad con la salida de tres diplomáticos bolivianos.

En la residencia mexicana permanecen una decena de exfuncionarios del gobierno de Morales, denunciadas o investigadas por la fiscalía local por los delitos de sedición y terrorismo y a quienes la administración de la presidenta interina Jeanine Áñez les niega salvoconductos para salir del país.

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