Alfredo García
El gobierno y pueblo de Venezuela están pagando el precio de seis décadas de impunidad internacional de Estados Unidos contra Cuba. Un largo expediente de violaciones a la Carta de la ONU con agresiones terroristas, militares, económicas y financieras contra la isla caribeña, sin que la comunidad internacional reaccione enérgicamente para castigar al agresor en defensa de la ley internacional, otorga a Washington el “derecho” a intervenir en los asuntos internos de los Estados.
El impudor de Washington llegó al extremo de querer aprovechar la pandemia del coronavirus y la crisis de los precios del petróleo, para tratar de asfixiar la economía venezolana y derrocar al presidente Nicolás Maduro. La nueva escalada intervencionista, se inició con el insólito anuncio el pasado 26 de marzo del fiscal general de EE.UU., William Barr, de poner precio a las cabezas del presidente Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello (15 y 10 millones de dólares, respectivamente) como en el periodo de barbarie del viejo Oeste.
Seguidamente, el gobierno norteamericano acusó oficialmente de “narcoterrorismo” al presidente Maduro y desplegó una flota de combate en el mar Caribe, tras anunciar una operación bélica contra el tráfico de drogas conducida por el Comando Sur, acompañado con operaciones encubiertas, campañas sicológicas y la incitación a la ruptura de los militares venezolanos, prometiendo condiciones de “negociación”.
Con posterioridad, Washington prohibió a las últimas grandes empresas norteamericanas, en particular Chevron, extraer y comerciar petróleo en Venezuela, con el objetivo de afectar los ingresos petroleros del país y agudizar el desabastecimiento de gasolina, creando caos en el transporte para atizar la crisis alimentaria de la población y provocar desesperación, estimular protestas y saqueos en búsqueda de un estallido social. En las últimas semanas los precios en algunos rubros básicos aumentaron hasta el 100%, por lo que el gobierno anunció la regulación de 27 precios con la venta supervisada de productos de tres grandes empresas, en particular la gigantesca Empresa Polar, que domina casi el 50% del mercado de alimentos venezolanos.
Finalmente, en un discurso denominado “marco de transición”, el presidente Donald Trump propuso el establecimiento de un “Consejo de Gobierno de Transición” sin Maduro ni el opositor Guaidó, para convocar elecciones en un plazo de 6 a 12 meses, a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Frente al inaudito comportamiento de la Casa Blanca, no se conoce la protesta o condena de algún organismo internacional.
Confiado en la virtual “patente de corso” que la entrega la ONU, el pasado miércoles el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en una teleconferencia con un pequeño grupo de periodistas hizo gala de su triunfo injerencista: “Maduro no puede aguantar para siempre y la presión contra el régimen es mayor que nunca (…) Contamos con el ejército venezolano, yo sé que muchos de sus miembros, quieren ser parte de una Venezuela rejuvenecida y democrática (…) Estados Unidos sabe que el cambio está llegando y por eso he ordenado a mi equipo, que empiece a pensar en cómo reabrir la Embajada de Estados Unidos, una vez empiece la transición (…) Washington quiere asegurarse de que sepan físicamente, que los estadounidenses están a su lado. Izar la bandera en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, sería un gran símbolo de eso”, aseguró Pompeo.
La sevicia de Trump contra Venezuela en medio de la pandemia, cuando todos claman por la solidaridad humana, compromete universalmente al partido Demócrata para impedir el riesgo que corre la humanidad con la reelección del actual morador de la Casa Blanca.