Zheger Hay Harb
La nota colombiana
La Corte Constitucional determinó, en respuesta a una acción de tutela que interpuso el ex ministro Andrés Felipe Arias, que su sentencia debía ser revisada por la misma Corte Suprema que lo emitió, porque su caso no se surtió en dos instancias.
Había sido condenado a 17 años de prisión por haberles pagado a los terratenientes financiadores de su campaña presidencial y de la de su mentor Alvaro Uribe con los subsidios destinados a los campesinos pobres. Violaron todas las normas de transparencia de la contratación estatal. Después vino a saberse que, además, la multinacional Odebrecht cuyos sobornos han ocasionado condenas en este país y varios más, le tenía asignado un sueldo durante todo el tiempo que fue precandidato presidencial.
Cuando se enteró por información privilegiada de que la Corte iba a emitir sentencia en su contra, se fue a Estados Unidos donde buscó el asilo político con el apoyo de su mentor por cuya imitación se ganó el apodo de Uribito, alegando ser un perseguido político en Colombia. Uribe utilizó su larga mano para evitar que fuera enviado para que aquí cumpliera su condena pero, luego de miles de recursos jurídicos y otros no tan santos, finalmente fue extraditado.
A Bogotá llegó en avión privado y nadie pudo registrar el hecho. Todo se tramitó en el más absoluto sigilo, muy distinto a los casos de Simón Trinidad, a quien vimos esposado gritar vivas a la revolución rodeado de gorilas que lo sujetaban y de tantos otros cuyos traslados se difundieron por todos los medios de comunicación. No se supo a dónde lo llevaron: el Inpec (instituto penitenciario) dijo desconocerlo, luego informó que estaba en la cárcel la Picota, pero nunca fue llevado allí y después tuvieron el descaro de decir que estaba registrado en esa penitenciaría pero físicamente se encontraba en otro lugar. Finalmente un sabueso periodístico descubrió que estaba en la Escuela de Caballería (la misma adonde torturaban a los presos políticos en los 70-80) donde los soldados a su servicio le brindan el máximo confort posible.
Hasta el año 2018 la Corte Suprema de Justicia adelantaba sus procesos en una sola instancia. Se consideraba que como el fallo era colegiado, no dictado por un solo juez sino por todos los que integran la sala penal y que además existían los recursos de revisión y de casación, el procesado gozaba de plenas garantías.
Atendiendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema aprobó ese año la doble instancia en sus procesos pero quedó claro que no habría efecto retroactivo, es decir, los casos fallados tenían el carácter de cosa juzgada. Así se le respondió a Uribito y sus abogados, de los más caros del país, en las múltiples ocasiones en que pidió la revisión de su sentencia.
Pero esta semana que termina el Estado de Derecho y las estructuras del orden judicial fueron estremecidas por la determinación de la Corte Constitucional que ordenaba en respuesta a una tutela, que se sometiera nuevamente a examen su sentencia. Establece además que esta determinación cobija a todos los casos fallados a partir de 2014, año en que la Corte Interamericana exigió como derecho fundamental que todos los procesos debían contar con esa posibilidad de juzgamiento.
La Corte Suprema, en un pronunciamiento inusual manifestó que acata pero no comparte ese fallo que tiene como objeto favorecer a Arias y que el sistema judicial se había puesto a su servicio.
Lo primero que salta de bulto es que los parapolíticos (24) ya condenados por corrupción en su alianza con esos grupos ilegales, entre quienes hay varios altos funcionarios del gobierno de Uribe así como los directores del DAS (inteligencia del Estado) bajo su mandato, exigirán ese mismo tratamiento bajo el derecho fundamental a la igualdad. Ya los uribistas salieron a decir que recusarán a todo magistrado que consideren parcializado, por lo cual desde ya se ve venir la avalancha de recusaciones que obligarán al nombramiento de conjueces en momentos en que por la emergencia sanitaria se supone que se exige el máximo ahorro de recursos del Estado.
El fallo de la Corte Constitucional se produce en un momento enrarecido por hechos que parecen favorecer el endurecimiento de la derecha: el nombramiento como Alto Comisionado para la Paz y director del Centro de Memoria Histórica de personas que abiertamente niegan la existencia de un conflicto armado interno; la designación como jefe de la oficina de atención a víctimas del hijo de Jorge 40, uno de los más sanguinarios ex jefes paramilitares, que ha dicho que su padre es un prisionero político y ha hecho afirmaciones contrarias a lo que se espera de quien debe atender los reclamos de los damnificados por su padre.
En este ambiente de pugnacidad unos periodistas han emitido el primer capítulo de una serie que han llamado Matarife en la cual exponen crímenes de Alvaro Uribe como supuesto fundador y auspiciador de los paramilitares. La publicidad creó gran expectación y la audiencia parece haber sido notable. Los uribistas han respondido prometiendo una serie en la que el ex presidente aparecerá como un Superman que salvó al país de las garras del comunismo.
Luego del fracaso de Duque que no ha sido capaz de generar el respaldo mayoritario de la población, de los ocho millones de votos que Petro obtuvo como candidato de izquierda en las pasadas elecciones presidenciales, del triunfo de Claudia López en una coalición de centro izquierda para la alcaldía de Bogotá y de otros éxitos electorales del centro político en alcaldías y gobernaciones, la derecha parece no contar con ninguna figura con el carisma suficiente para las próximas presidenciales.
Es ahí donde Uribito, joven, con formación y caracterizado exponente de la derecha, aparece como la esperanza salvadora. Por eso el esfuerzo para sacarlo de la cárcel donde está por corrupto.
Nuestros impuestos están trabajando para tenerlo bien cuidado, atendido en el casino de oficiales como en hotel de cinco estrellas, en espera de que de ahí salga derecho hacia la silla presidencial.