MONTEVIDEO, Uruguay, 5 de mayo (AFP/AP).- La irrupción del coronavirus ha crispado los nervios en los hacinados penales latinoamericanos, provocando fugas masivas, varios motines que dejaron más de 80 muertos y llevando a varios gobiernos a tomar la impopular medida de liberar a presos.
El incidente más letal ocurrió el fin de semana en una prisión en Guanare, en el centro de Venezuela, donde la restricción de visitas como medida de cordón sanitario desencadenó un suceso que acabó con al menos 47 muertos y 75 heridos, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Algunos medios locales cifraron los fallecidos en más de 60.
La precariedad de muchos penales hace que la alimentación de los reclusos dependa de lo que les llevan sus familiares, por lo que la suspensión de visitas se traduce en hambre.
La primera señal de alarma fue en Brasil el 16 de marzo y por la razón opuesta: la restricción de salidas temporales para evitar el ingreso del virus. Cerca de 1,400 presos se fugaron de varias prisiones del interior de Sao Paulo en reacción a la medida; las autoridades lograron recapturar a unos 600.
Desde entonces, cada semana han estallado nuevos disturbios en Colombia, Argentina, Perú o México, mientras los contagios crecen entre reos y custodios.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó este martes su “profunda preocupación” por las condiciones de las cárceles en la región y “la rápida propagación de COVID-19”.
El organismo llamó además a los Estados a emprender investigaciones exhaustivas de incidentes “extremadamente violentos” que han tenido lugares en centros de detención en medio del creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, dijo en un comunicado su portavoz, Rupert Colville.
“Las prisiones de la región son un factor de riesgo muy importante y muy serio” frente al coronavirus, confirma Gustavo Fondevila, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México y especialista en el sistema carcelario de América Latina, que admite que la situación es “explosiva”.
Y aunque dice que se puede implementar una serie de acciones para reducir el peligro, “los centros penitenciarios tienen poca capacidad de respuesta a situaciones como esta”.
“Como animales”
Colombia decretó a finales de marzo la emergencia carcelaria tras un sangriento motín que dejó 23 muertos y 91 heridos en una prisión en Bogotá, que las autoridades vincularon con un frustrado intento de fuga y que otras versiones asociaron al temor de los reclusos a la pandemia.
A unos 120 km, en la cárcel de Villavicencio, la situación “es terrible”, cuenta a AFP Angélica (nombre ficticio), una desempleada de 23 años que tiene allí a su hermano. Tiene 306 casos confirmados y cuatro muertos de COVID-19. Unos 1,700 internos están aislados, según autoridades penitenciarias.
Allí, los enfermos no están siendo atendidos por personal médico y son encerrados en sus celdas para aislarlos, mientras los “sanos” duermen amontonados en los pasillos, denuncia la mujer.
“Los tienen como si fueran animales (...) Ellos están desesperados adentro, los que no están contagiados quieren salir corriendo. Temen por su salud, por su vida (...) “La gente está desesperada de salir como sea, y han hecho huelga de hambre”.
La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador alertó de que un brote en las prisiones “podría ser devastador para su población, en particular en establecimientos hacinados, donde el nivel general de salud ya es deficiente”.
Denuncia ONU graves condiciones en cárceles latinas
La Organización de las Naciones Unidas denunció el martes que varios países latinoamericanos no han tomado medidas para prevenir la violencia en sus prisiones, además de abusar del uso de la fuerza y no elaborar un plan para prevenir el hacinamiento en plena pandemia del coronavirus.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado enumerando la violencia ocurrida recientemente en al menos tres cárceles latinoamericanas.