Zheger Hay Harb
En su comparecencia ante la Justicia Especial de Paz (JEP) los ex comandantes de las desmovilizadas FARC cumplieron su compromiso de brindar verdad, acogerse a la justicia, reparar a sus víctimas y garantizar la no repetición de los delitos que confiesen.
“Reconocemos colectivamente que las estructuras y mandos de las FARC-EP nos equivocamos al tomar la decisión de retener civiles. Sabemos que esto fue un grave error el cual hoy no tiene justificación alguna. Además, que el carácter sistémico de la confrontación y la agudización misma del conflicto armado nos enceguecieron y nos obligó a tomar decisiones que hoy lamentamos”, dijeron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos de ese tribunal.
Esta declaración es parte de un documento de 135 páginas en cuya elaboración participaron más de 150 ex guerrilleros de todos los bloques de esa organización en grupos de trabajo en varias regiones y tres reuniones nacionales. El documento fue presentado oficialmente en nombre de esa guerrilla como organización política armada.
Pese a ese reconocimiento autocrítico hay también justificaciones para la generalización del secuestro: “un ejercicio de autodefensa ante la violencia criminal generalizada por el Estado”, pero si eso pretendían no hay justificación para el hecho de que esa respuesta no recayera sobre los altos representantes del Estado sino que se convirtió en un arma de terror para la población civil indefensa.
“Desde los inicios de las FARC-EP habíamos planteado la necesidad de que fueran los ricos quienes financiaran la rebelión armada”, anotan. No habría podido ser de otra manera puesto que nacieron de un grupo de campesinos que se organizaron como autodefensa ante los ataques de grupos bandoleros y de la policía aliada con ellos. Y, cuando más tarde alcanzaron algún grado de organización, los bombardearon con el pretexto de que se habían convertido en repúblicas independientes que amenazaban la paz y se enfrentaban al Estado.
En 1998 fue elegido presidente Andrés Pastrana gracias a que en una foto el comandante de las FARC Manuel Marulanda (Tirjofijo) apareció ante la televisión luciendo un reloj de su campaña política. No importó que su contrincante fuera un liberal de izquierda (Horacio Serpa); ese gesto del jefe de la guerrilla sugería que habían adelantado un acuerdo con el candidato para lograr la desmovilización de la guerrilla mediante un acuerdo de paz.
En su discurso conocido como de “la silla vacía” porque el comandante guerrillero no se hizo presente en el acto inaugural del proceso de paz, éste hizo el recuento de sus pérdidas por el bombardeo: marranos, gallinas, patos, enseres de cocina y de labranza. Es decir, el retrato de campesinos desarmados que buscaban defenderse. Las burlas que suscitó no pudieron borrar esa constatación.
En ese espíritu se había esperado que la decisión de su VIII conferencia que creó un impuesto “que debía ser pagado por las personas naturales y jurídicas (empresas) que tuvieran un patrimonio superior a un millón de dólares, a quienes se les solicitaba un aporte inicial del 10% de su patrimonio”, independientemente del rasero con que se juzgara, recayera efectivamente sobre los más ricos.
Pero casi simultáneamente se generalizaron las “pescas milagrosas” que consistían en montar un retén en cualquier carretera y llevarse secuestrados a todos los que pasaran por ahí. Cuando uno iba a las regiones apartadas donde el verdadero Estado eran las FARC, veía a los guerrilleros patrullar en las camionetas último modelo de altísima gama que habían decomisado a los secuestrados.
Hubo secuestros de políticos más o menos importantes y hacendados de nivel medio pero en general sus víctimas fueron personas de clase media y aún de niveles económicos precarios.
El documento presentado ante la JEP dice que para poner freno a las pescas milagrosas y ante el aumento de los costos de la guerra, emitieron circulares que regulaban el alcance del secuestro, pero este siguió siendo una política general aunque las FARC dicen que no fue su principal medio de financiación, sin embargo reconocen que en las últimas etapas de la guerra se dificultaron las comunicaciones entre sus frentes y varios actuaron de manera indebida, por lo cual declaran: “A todas las víctimas de esta tragedia les decimos que decidimos firmar un acuerdo de paz y asumimos la responsabilidad de lo que ocurrió”.
En cuanto a los políticos secuestrados les piden “perdón por la afectación a su salud física y mental por las condiciones en que los tuvieron cautivos”.
Reconocen que aunque había orden de no retener a niños ni ancianos eso ocurrió en algunas ocasiones. Aceptan que algunos jefes guerrilleros incurrieron en faltas de respeto, amenazas y juegos con armas para intimidar a los prisioneros. Concluyen que tras 60 años de guerra fratricida nadie puede considerarse vencedor y que por el contrario todos perdieron por lo cual no puede volver a suceder y se comprometen a que “cueste lo que cueste” aceptarán su responsabilidad.
Si bien ese mensaje tiene validez para todos, en el caso del ELN, cuyo proceso de paz esperamos se reanude pronto, cobra especial importancia.