Denuncia informe
WASHINGTON, EE. UU., 10 de junio (AFP).- El acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos –suspendido temporalmente por el coronavirus– representa un “callejón sin salida” para los derechos humanos, denunció este miércoles en un informe la Universidad de Georgetown.
El acuerdo migratorio firmado hace un año entre Estados Unidos y el gobierno del expresidente guatemalteco Jimmy Morales contempla que los demandantes de asilo de terceros países – principalmente hondureños y salvadoreños– sean enviados a Guatemala mientras se tramita su solicitud.
“A estos demandantes de asilo, que son población vulnerable, no se les permite el acceso a un abogado, tienen poca capacidad para presentar evidencia y en algunos casos ni siquiera tenían conocimiento de que iban a ser trasladados a Guatemala”, denunció el informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Georgetown titulado “Callejón sin salida”.
Durante la presentación virtual del informe, Claire MucMullen, una de las autoras, dijo que las 932 personas transferidas a Guatemala como consecuencia de este acuerdo han sido sometidas a “un proceso que viola sus derechos humanos y que no los protege lo suficiente para evitar que retornen al peligro del cual habían huido”.
Justine Tixhon, otra académica que participó en el estudio afirmó que “no se trata sólo de migrantes económicos” y denunció que no hay “ninguna forma de que puedan encontrar protección porque todas las vías terminan con un callejón sin salida”.
Para Tixhon esto incumple con la “la esencia de lo que es el derecho a pedir asilo”.
El Defensor del Pueblo de Guatemala, Jordán Rodas, que también participó en la presentación, afirmó que en su país “las instituciones son muy débiles” y que el acuerdo fue negociado por el anterior gobierno por “debajo de la mesa”.
“La desigualdad, el racismo, la pobreza extrema hacen que no seamos ni un país seguro para nosotros mismos”, dijo Rodas que concluyó que la denominación de tercer país seguro “no es congruente” con la realidad de Guatemala.
Este informe es el resultados de medio centenar de entrevistas realizadas a principio de año en Ciudad de Guatemala a demandantes de asilo, funcionarios guatemaltecos, miembros de la sociedad civil y abogados y periodistas.