El covid no es el único asesino

La nota colombiana

Zheger Hay Harb

“En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número cuatro, pero los militares lo negaban y los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. “Seguro que fue un sueño” insistían los oficiales. “En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales”.

No es una noticia de ahora; es una cita de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, de 1967, sobre la masacre de las bananeras ocurrida en 1927. Pero parece de hoy. Aunque las noticias parecen concentrarse en los estragos de la pandemia y el presidente de la República en su espacio televisivo de todas las noches pretende hacer creer que los muertos corresponden sólo a los que se lleva el coronavirus, todos los días los líderes sociales están siendo asesinados.

El último de quien tuvimos noticia fue Jorge Enrique Oramas, líder ambientalista asesinado en zona rural de la ciudad de Cali, que se oponía a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

El periódico El Tiempo recoge informes de la Comisión de la Verdad y de organizaciones sociales y nos dice que Oramas es la víctima número 100, de los cuales 30 han caído en lo que va corrido de la cuarentena.

A esta dolorosa cuenta hay que agregar 197 ex combatientes de las FARC que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

Las cifras tienen alguna variación según la fuente: entre el 1 de enero y el 15 de mayo la Fiscalía General de la Nación reconoce 25 víctimas que son las que obran en sus expedientes, Naciones Unidas 27 y la Fundación Ideas para la Paz 49, pero hasta el 15 de abril, lo cual significa un aumento de más del 50% en relación con el mismo período del año anterior.

A pesar de la gravedad de la situación se presentan casos como el de Francia Márquez, líder de las comunidades negras del Pacífico a quien, a pesar de haber sido amenazada de muerte por su defensa del derecho a un medio ambiente sano para su gente y la lucha contra la minería ilegal en su territorio, la entidad encargada del gobierno le acaba de retirar su esquema de seguridad. En reiteradas ocasiones ha presentado evidencias de las amenazas contra ella y otros líderes y la respuesta es, contra lo que pudiera esperarse, dejarla desprotegida.

En la misma zona donde Francia adelanta su labor varias comunidades afrodescendientes e indígenas sufren indefensas los ataques de todos los actores armados: ELN, EPL, disidencias de las FARC, grupos paramilitares bajo diversas denominaciones, a lo cual se suma la desidia del Estado.

Todos los días, casi sin excepción, se oyen y se leen denuncias, pero el remedio no aparece. La sociedad sigue tan indiferente como cuando se hacía oídos sordos ante las masacres que arrasaban a sangre y fuego pueblos enteros, porque eso ocurre en lugares lejanos, porque a las ciudades (a no ser en sus cinturones de miseria) apenas llegan los ecos edulcorados de la tragedia a través de las noticias y sobre todo, porque nos hemos vuelto una comunidad humana insensible al dolor ajeno.

Pero esa insensibilidad encierra una trampa: la lucha de esos líderes asesinados o en peligro no es apenas por sus comunidades; los problemas del medio ambiente, de la minería ilegal, de la aspersión aérea con glifosato, de la destinación de tierras fértiles para ganadería extensiva nos afectan a todos. Ellos están exponiendo sus vidas por nuestro bienestar y reciben a cambio nuestra indiferencia a un costo suicida. Si algo ha dejado en claro esta pandemia es que la agresión al medio ambiente está pasando cuenta de cobro y todavía no acabamos de darnos cuenta.

La impasibilidad del Estado ante esta situación es imperdonable. Su presencia en esas comunidades, no sólo con la fuerza pública sino con todo lo que integra un estado social de derecho, puede contrarrestar esta situación.

Los asesinos están más que identificados: la Fundación Pares ha dicho cientos de veces que las águilas negras son organizaciones paramilitares, rezagos de la mala desmovilización que hizo Uribe Vélez en 2004.

No puede ser que a quienes cumplieron el compromiso de dejar las armas los maten ante la mirada impasible de todos.

Recuerdo que hace muchos años el ejército arrojaba a los campos, desde aviones, millones de papeletas llamando a los guerrilleros a que se desmovilizaran. Y los políticos repetían que no había necesidad de empuñar las armas, que muchas de las propuestas de la guerrilla eran justas pero que las hicieran por las vías democráticas. Y ahora que cumplieron ¿qué?

Como en el poema de Martin Niemoyer siempre atribuido a Bertold Brecht:

“Primero vinieron por los comunistas y no dije nada porque no soy comunista

Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no soy judío

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque no soy sindicalista

Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante

Luego vinieron por mí pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada”.