Gustavo Robreño
Mi Columna en POR ESTO!
La inminente llegada a Colombia de 800 militares yanquis componentes de una brigada de tropas terrestres perteneciente a la Fuerza de Asistencia de Seguridad del Ejército de Estados Unidos ha conmovido a los más diversos sectores políticos y sociales de la ya convulsa sociedad colombiana pues, entre otras cosas, se realiza sin la expresa autorización constitucional correspondiente al Senado, se le considera ilegal y violatoria de la soberanía del país.
El pretexto anunciado por la embajada yanqui en Bogotá es que forma parte de la “lucha contra el narcotráfico” y está enmarcada dentro del llamado Plan Colombia, que ha facilitado paulatinamente una ocupación militar de este país por parte de las fuerzas estadounidenses, convirtiéndolo así en plataforma de lanzamiento y base de operaciones contra los países de América Latina y el Caribe, traicionando los compromisos contraídos como Zona de Paz.
Como ha quedado demostrado recientemente, su objetivo principal y más inmediato es actuar como elemento de provocación y agresión en la extensa frontera con Venezuela y propiciar de este modo cualquier choque o confrontación que sirva como pretexto para una intervención militar yanqui directa contra la República Bolivariana.
Tener en cuenta, además, que Estados Unidos cuenta ya, según se ha divulgado, con siete puntos de avanzada (bases aéreas) en suelo colombiano, en Palanquero, Apiay, Bahía Málaga, Malambo, Araudia, Cartagena y Tolemaida.
El régimen Uribe-Duque ha convertido a Colombia en plaza fuerte para el intervencionismo y las amenazas militares yanquis contra sus vecinos y la región en general, desconociendo todos los acuerdos internacionales y la propia Constitución colombiana en cuanto a la intromisión de fuerzas extranjeras en el país, las cuales son utilizadas también para la represión contra los opositores, incluidos políticos, legisladores, jueces y periodistas.
Los escándalos de interferencias telefónicas y violación de correspondencia se han vuelto habituales en Colombia y es pública en ellas la participación del gobierno y sus agencias militares y policiales, tal como se ha denunciado allí en reiteradas ocasiones.
La intención de presentar la intervención militar y ocupación de Colombia por parte de las fuerzas estadounidenses como un simple “acuerdo bilateral” entre los dos países es una insostenible y engañosa maniobra política y mediática de ambos regímenes para encubrir la creación en pleno corazón del continente de un factor externo de agresión e intromisión sin precedentes.
Para todos los pueblos de América Latina y el Caribe, la situación es de máxima alerta.