Pedro Díaz Arcia
En una singular conjunción, Estados Unidos enfrenta una triada de fenómenos de distinta naturaleza y que estremecen las bases de una sociedad idealizada: una epidemia con pocos paralelos en la historia de la nación, un estado de rebelión por una humillante y agudizada discriminación racial, de mayor relieve que las que siguieron al asesinato de Martin Luther King en 1968, y la falta de liderazgo al frente de los destinos del país. A lo que se suma la pugna bipartidista por la Casa Blanca que tiende a enturbiar la realidad del momento en una crisis económica galopante.
El ex presidente demócrata Barack Obama (2009-2017) dijo en una conferencia virtual que no se pueden erradicar cuatro siglos de racismo de golpe, pero que no sería realista esperar un “cambio radical”; mientras llamaba a un despertar de la ciudadanía en apoyo a las manifestaciones; quizá una sacudida de la conciencia social para lograr la igualdad de razas, que sería un gran sueño aunque no el único por reivindicar.
Las protestas se han caracterizado por la participación masiva y pacífica de ciudadanos negros y blancos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, que exigen el cese de la discriminación; pero la convulsión ha sido aprovechada por militantes de grupos de distinta orientación ideológica: integrantes de organizaciones de una izquierda radical, hasta supremacistas blancos -más de 600 agrupaciones-, entre las que se encuentra el Ku Klux Klan, que apoyó a Donald Trump en la contienda de 2016.
Los que exigen el respeto a sus derechos, porque éstos no se mendigan, deben cuidarse de la Santa Alianza de estos tiempos: la asociación del poder en ejercicio con el sistema corporativo, con los medios masivos de comunicación subordinados, de los cuerpos represivos y las fuerzas paramilitares. Pienso que no existe una plataforma de sostenibilidad para que la ebullición social pueda resistir el paso del tiempo; pero lo peor sería que de esa valiente cruzada por derechos conculcados saliera fortalecida una alianza fascista contra los movimientos reivindicadores.
Cualquier protesta contra quienes defienden el presunto “orden social”, establecido a imagen y semejanza del poder impuesto, servirá entonces de pretexto para arremeter brutalmente contra ellos. No será la primera embestida y no se puede asegurar que sea la última. A veces aprovechando determinadas coyunturas, y otras veces creándolas; siempre que puedan no perdonarán el pecado de la rebelión, aunque sea contra la ignominia.
Lamentablemente, vendrán con todo, como ha sucedido en otras épocas y latitudes, desde la restauración de las monarquías en Europa (1815-1830), la Comuna de París (1871), o el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende (1973). Por supuesto, no pretendo establecer un rango rigurosamente comparativo entre acontecimientos de distinta factura y entidad histórica.
Precisamente en el país sudamericano, hoy bajo la bota criminal del pinochetismo, surgió la Operación Cóndor, en una coyuntura que permitió la creación de un régimen regional de coordinación en América del Sur para perseguir, torturar y eliminar a líderes de izquierda, dirigentes opositores y activistas sociales. El modelo está en vigencia.
Al amparo de la Ley de Seguridad Mutua (1951) que permitía una vasta ayuda a sus aliados, incluida la militar, Estados Unidos entrenó a unos 125,000 militares de América Latina y el Caribe entre 1950 y 1998, para vitalizar el sistema cooperativo entre las dictaduras latinoamericanas y “mantener el orden” en la zona. No existe una cifra sobre el número de muertos y desaparecidos
El tablero está servido, las piezas alineadas y ya en la partida.