El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un memorándum para que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y otras agencias de su país puedan contemplar los crímenes sexuales en la imposición de sanciones económicas o políticas a naciones extranjeras.
El documento estipula, por primera vez, que los Departamentos de Estado y del Tesoro y otras agencias de Estados Unidos deben dar igual consideración a los actos de violencia sexual que a otras violaciones de derechos humanos al momento de sancionar o tomar otras medidas punitivas contra actores extranjeros.
La política actual estadounidense permite imponer sanciones por violencia sexual en zonas de conflicto, pero por lo general no es aplicada.
La medida surge en momentos en que Naciones Unidas ha denunciado que la violencia sexual en Ucrania, especialmente contra mujeres y niñas, es prevalente y mayor a lo reportado.
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Asimismo, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield ha mencionado “una montaña de reportes creíbles de atrocidades cometidas por fuerzas rusas contra civiles” incluyendo “relatos espeluznantes de violencia sexual”.
De igual manera, la administración del mandatario demócrata precisó en un comunicado que en 2021 hubo 3 mil 293 casos de violencia sexual que fueron verificados en 18 naciones. Las mujeres y las niñas fueron las más afectadas.
“Estados Unidos no acepta la violencia sexual como un costo inevitable del conflicto armado y se compromete a apoyar a los sobrevivientes a través de todas las medidas disponibles, incluidas las herramientas legales, políticas, diplomáticas y financieras, para disuadir la violencia en el futuro”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.
El gobierno estadounidense previamente había prometido otros 400 mil dólares además de su contribución anual de 1.75 millones a la Oficina del Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos.
El Departamento de Estado planea una inversión adicional de 5.5 millones de dólares para los próximos dos años en proyectos de sociedad civil y grupos de sobrevivientes, y ampliará programas que ayudan a sobrevivientes y que documentan e investigan tales actos de violencia.
AR