La Unión Europea aprobó este miércoles 500 millones de euros más para financiar el envío de armas a Ucrania, por lo que desde que empezó la invasión rusa los países europeos han destinado ya mil 500 millones a este objetivo.
El dinero proviene del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que se nutre de aportaciones de los Estados miembros al margen del presupuesto comunitario y servirá para financiar la entrega de armamento letal con objetivos defensivos, así como equipos de protección para el ejército ucraniano, combustible y botiquines.
"Las próximas semanas serán decisivas. Mientras Rusia se prepara para una ofensiva en el este de Ucrania, es crucial que continuemos e intensifiquemos nuestro apoyo militar a Ucrania para defender su territorio y población y evitar más sufrimiento", dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un comunicado.
El 28 de febrero, tan solo cuatro días después del inicio de la guerra, la UE decidió financiar por primera vez en su historia el envío de armas a otro país con 500 millones de euros y, el 23 de marzo, añadió otros 500 millones más.
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La aprobación de este tercer tramo llega tras la visita que la semana pasada hicieron a Kiev Borrell y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en un momento en que el Kremlin ha reordenado sus tropas para atacar a la región del Donbás.
Mientras se continúa financiando el envío de armas, Bruselas y los países de la UE están aumentando su coordinación para ayudar a los fiscales de Ucrania y de la Corte Penal Internacional a recabar pruebas contra posibles crímenes de guerra.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, envió ayer una carta a los estados miembros con una lista de peticiones que ha recibido de la fiscal general de Ucrania, entre ellas la provisión de investigadores para documentar crímenes de guerra, expertos con conocimientos forenses, equipos para el almacenamiento seguro de pruebas, líneas de comunicación seguras o formación de los investigadores.
Además, el Ejecutivo comunitario está elaborando una propuesta para modificar el reglamento de Eurojust y dar a esa agencia la posibilidad legal de recoger y almacenar pruebas sobre crímenes de guerra, concretamente grabaciones de audio y vídeo.
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