Este miércoles 16 de octubre, se llevará a cabo la audiencia en la que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, recibirá su sentencia tras haber sido declarado culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico y la corrupción.
El exfuncionario, quien durante años fue una figura clave en la estrategia de seguridad de México, enfrentará la resolución final del tribunal estadounidense.
Antes de la audiencia, César De Castro, abogado defensor de García Luna, informó que su cliente tiene intención de dirigirse directamente a la Corte. Para ello, la defensa ha solicitado que el exsecretario pueda asistir vestido de civil, en lugar del uniforme de prisionero.
En este proceso, la Fiscalía de Estados Unidos ha solicitado al juez que se imponga a García Luna la pena de cadena perpetua. Los fiscales argumentan que, dada la gravedad de los cargos y el nivel de corrupción que involucró al exfuncionario, esta sentencia es adecuada para el caso.
Cabe recordar que fue encontrado culpable de haber aceptado sobornos millonarios a cambio de facilitar operaciones para el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
Por su parte, la defensa ha solicitado que se considere una pena de 20 años de prisión, la cual describen como "significativa y larga" dadas las circunstancias del caso. Los abogados defensores argumentan que esta sentencia es suficiente para un funcionario de su edad y con los antecedentes presentados.
El caso de García Luna ha captado la atención internacional debido a su posición clave en el Gobierno mexicano durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, y su papel en la llamada "guerra contra el narcotráfico".
Su relación con el Cártel de Sinaloa y las acusaciones de corrupción han desatado un debate sobre el grado de infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública de México.
El veredicto final del juez se espera con gran interés, ya que la sentencia podría establecer un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad en casos de funcionarios de alto nivel involucrados con el crimen organizado.
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