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15 de oct. de 2024
3 min
Escrito por Israel Olguín
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela publicó un informe de 158 páginas que documenta graves violaciones de derechos humanos en el país, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y tortura.
Este informe cubre el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 y atribuye estas violaciones a fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, en el contexto de un clima de creciente represión electoral.
El informe destaca que las fuerzas de seguridad venezolanas, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, participaron en violaciones de derechos humanos de forma masiva. Las acciones reportadas incluyen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza en protestas, y tratos crueles y degradantes.
Además, se señala que después del 28 de julio de 2024, las declaraciones de las principales autoridades del Estado aumentaron la represión, incitando a la violencia y hostilidad hacia quienes manifestaban oposición al Gobierno. El informe también menciona que el Consejo Nacional Electoral no garantizó la transparencia e integridad en el proceso electoral, mientras que la Asamblea Nacional aprobó leyes que restringen el espacio cívico y democrático.
La misión de la ONU, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, revela que las personas afectadas por la represión en Venezuela abarcan ahora a un rango más amplio de víctimas, no solo líderes opositores y activistas, sino también ciudadanos comunes. En el contexto electoral, el informe describe cómo se han detenido al menos 48 personas, acusadas de conspiración contra el Gobierno, en operaciones como la denominada "Brazalete Blanco". Durante la campaña electoral, otras 121 personas fueron detenidas por su colaboración en actividades de la oposición.
De acuerdo con el documento, tras las elecciones presidenciales, el Gobierno venezolano lanzó una campaña de detenciones masivas sin precedentes, comparable en magnitud a las protestas de 2014, 2017 y 2019. Los expertos de la misión, que incluyen también al chileno Francisco Cox y a la argentina Patricia Tappatá, sostienen que estas detenciones selectivas y masivas buscaron silenciar a militares, políticos y activistas.
La misión de la ONU concluye que la represión se intensificó en un intento por controlar cualquier disidencia ante los resultados electorales. En las semanas posteriores a las elecciones, las detenciones se contaron por miles, en un intento de sofocar las manifestaciones de descontento generalizado.
Este informe de la ONU se suma a una serie de documentos presentados desde la creación de la misión en 2019, los cuales han evidenciado patrones persistentes de abusos sistemáticos en Venezuela. Los hallazgos subrayan la falta de independencia judicial y el uso de leyes represivas que limitan las libertades civiles en el país.
Los miembros de la misión reiteraron su llamado a la comunidad internacional para que se tomen medidas encaminadas a proteger a los ciudadanos venezolanos y se garanticen investigaciones imparciales sobre estos delitos.
El Gobierno de Venezuela no ha emitido una respuesta oficial al informe, aunque en el pasado ha rechazado las conclusiones de la misión de la ONU, argumentando que se basan en informaciones “sesgadas”. La situación en Venezuela sigue siendo un punto de tensión para la comunidad internacional, que observa con preocupación la falta de garantías para los derechos humanos en el contexto político del país.
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