La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela informó este martes que, tras las protestas por el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, al menos 158 niños fueron detenidos. Entre ellos, algunos presentaban discapacidades, y todos fueron acusados de delitos graves como terrorismo e incitación al odio. Estos casos forman parte de un grupo más amplio de más de 2,200 personas detenidas, según datos proporcionados por el propio gobierno venezolano.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, calificó esta situación como "nueva y extremadamente preocupante". En una rueda de prensa en Ginebra, Valiñas destacó que la represión estatal en Venezuela está intensificándose de manera preocupante, señalando que el gobierno venezolano está cometiendo crímenes de lesa humanidad por motivos políticos.
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Sistema represivo y crímenes de lesa humanidad
El informe de la Misión de la ONU sostiene que las acciones del gobierno venezolano no son aisladas, sino parte de un plan continuo y coordinado para reprimir cualquier tipo de disidencia pacífica. Según Valiñas, estas acciones son un ataque sistemático contra los derechos fundamentales de la población venezolana, y se observa un uso creciente del aparato estatal para silenciar a los opositores.
El equipo de la Misión, que incluye al abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina Patricia Tappatá, presentará el jueves su informe completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre las conclusiones destacadas, el informe señala que la crisis actual en Venezuela es "la peor de la historia reciente", y que la independencia del poder judicial está seriamente comprometida, dejando a la ciudadanía en una situación de indefensión.
Más de 2 mil detenidos, incluidos menores y personas con discapacidades
El informe, que inicialmente cubría el período del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, se ha actualizado para incluir los eventos ocurridos durante y después de las elecciones presidenciales. Entre los casos documentados, se incluyen 48 detenciones por conspiración entre diciembre y marzo, así como arrestos de activistas, periodistas, opositores políticos y militares.
Durante el mes de julio, en plena campaña electoral, se detuvo a 120 personas. Después del escrutinio, otras 2 mil personas fueron arrestadas, de acuerdo con cifras oficiales. De estos detenidos, al menos 158 eran menores de edad, algunos con discapacidades.
“La Misión ya había advertido que el gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora”, señaló Francisco Cox, quien subrayó el clima de temor que prevalece en Venezuela tras las elecciones.
Con este informe, la ONU sigue alertando sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, mientras la comunidad internacional demanda una respuesta firme para abordar las crecientes violaciones en el país sudamericano.
IO
