La reelección de Donald Trump en Estados Unidos marca un precedente inédito en la historia política del país: se trata del primer presidente en funciones que enfrenta múltiples acusaciones penales mientras retoma el cargo.
Trump, quien fue declarado culpable en un caso de pago de dinero en Nueva York y enfrenta otros procesos judiciales estatales y federales, mantiene su postura de inocencia en todos los cargos y ha asegurado que planea dar por terminados varios de estos casos si logra hacerlo dentro de los límites legales.
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Sentencia pendiente en Nueva York
El expresidente debe comparecer ante un tribunal de Nueva York el 26 de noviembre para recibir sentencia tras su condena por 34 cargos de falsificación de registros comerciales, relacionada con un pago a la actriz Stormy Daniels para evitar un escándalo antes de las elecciones de 2016.
La decisión de sentencia está en manos del juez Juan Merchan, quien ha considerado la posibilidad de anular la condena en función de una reciente sentencia de la Corte Suprema que podría otorgar inmunidad presidencial en ciertos casos. Si el juez no desestima el caso, los abogados de Trump están preparados para apelar.
Trump podría enfrentar hasta cuatro años de prisión, pero no es obligatorio que el juez imponga una pena de cárcel. Otros escenarios posibles incluyen libertad condicional, confinamiento domiciliario, servicio comunitario o una multa, lo que depende de las decisiones judiciales en curso y de su apelación.
Procesos federales: casos en Washington y Florida
Los casos federales son una preocupación importante para la nueva administración de Trump. En Washington, el fiscal especial Jack Smith le ha acusado de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020, mientras que en Florida se le señala por un manejo inadecuado de documentos clasificados.
Durante su campaña, Trump indicó que si regresaba al cargo, desestimaría estos casos y despediría a Smith. Trump insiste en que estas acusaciones son infundadas y se muestra seguro de poder manejar la situación desde la presidencia.
Smith aún puede trabajar en los casos antes del 20 de enero de 2025, fecha de la toma de posesión, y aprovechar el tiempo para presentar evidencia adicional o resolver cuestiones legales que fortalezcan el proceso.
Las dudas sobre la inmunidad presidencial en estos casos y la voluntad del Departamento de Justicia para cerrarlos aún están en discusión, por lo que no se descartan nuevas acciones judiciales antes de esa fecha.
Caso en Georgia y demandas civiles en curso
El caso en Georgia, donde se acusa a Trump de intentar revertir los resultados electorales de 2020, depende en gran medida de la fiscal Fani Willis y su capacidad para continuar. Si se remueve a Willis del caso, se cree poco probable que otros fiscales retomen el proceso, especialmente dado el estatus de Trump como presidente reelecto.
Además, la justicia estatal aún no ha tomado una postura clara sobre la viabilidad de juzgar a un presidente en ejercicio, una cuestión que podría complicar aún más el proceso.
Trump enfrenta también varias demandas civiles, entre ellas dos casos de difamación relacionados con la excolumnista E. Jean Carroll, quien acusó al expresidente de abuso sexual y difamación. Los jurados fallaron en favor de Carroll, otorgándole indemnizaciones millonarias, y actualmente los abogados de Trump trabajan en apelar estos veredictos.
Otro caso relevante es la demanda de fraude civil presentada por el fiscal general de Nueva York, que determinó que Trump y su organización inflaron valores de activos para obtener beneficios financieros, lo que resultó en una multa de 454 millones de dólares.
Impacto en su administración
Estos procesos judiciales representan un reto sin precedentes para un presidente electo de Estados Unidos. Si bien las leyes estatales no le permiten indultarse, como en el caso de Nueva York, sus abogados están comprometidos en alargar los juicios y presentar apelaciones para ganar tiempo.
El caso de Nueva York, al ser estatal, limita sus posibilidades de indulto; sin embargo, en el ámbito federal Trump podría intentar estrategias que impidan el progreso de los casos.
Las demandas civiles probablemente seguirán su curso incluso con Trump en la presidencia, pues la Corte Suprema dictaminó en 1997, en un caso similar, que los presidentes en funciones no pueden evitar procesos civiles. La reelección de Trump establece un desafío en el que se conjugan la vida judicial y el ejercicio presidencial en Estados Unidos.
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