En un informe revelado recientemente por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, se destaca un alarmante retorno a prácticas de represión intensa por parte del gobierno venezolano, marcado por una creciente ola de arrestos contra figuras de la oposición.
Estos detenidos son acusados bajo cargos de supuestas conspiraciones, entre ellas, la denominada Operación Brazalete Blanco, según informó la misión este miércoles 20 de marzo.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, alzó la voz en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para presentar un detallado informe sobre los abusos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.
Valiñas señaló que el gobierno utiliza la excusa de conspiraciones, sean estas reales o imaginarias, como herramienta para intimidar, arrestar y procesar a aquellos críticos o contrarios a sus políticas.
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Desde 2023, el gobierno ha transitado de una estrategia más pasiva hacia una mucho más agresiva y violenta, buscando acallar a los opositores a cualquier costo.
Un ejemplo claro de esta escalada es la petición de Maduro en enero de 2024 para "activar la Furia Bolivariana", en respuesta a supuestas tramas desarticuladas el año anterior que buscaban su asesinato o la instauración de golpes de Estado.
Entre las figuras destacadas perseguidas se encuentra Rocío San Miguel, una conocida defensora de derechos humanos hispanovenezolana, detenida sin orden judicial y mantenida en paradero desconocido durante días.
Su caso, entre otros, pone de relieve el uso de la detención como herramienta de represión.
Además, la misión denunció la suspensión de actividades de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela, tras expresar preocupación por los detenidos, lo que subraya un intento de socavar la vigilancia internacional sobre las prácticas del gobierno.
En el ámbito político, el informe resalta las obstrucciones a la participación electoral, evidenciadas en acciones como la suspensión de las primarias de la oposición y la inhabilitación de figuras políticas prominentes.
Estas acciones sugieren graves impedimentos para el ejercicio democrático en Venezuela.
La respuesta de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue de rechazo a las conclusiones de la misión, cuestionando su legitimidad y acusando a Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima de ejercer presión mediante este organismo.
Este informe pone en perspectiva los desafíos que enfrenta Venezuela en términos de derechos humanos y libertades políticas, señalando la necesidad urgente de atención y acción internacional para restaurar los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos en el país.
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