Amnistía Internacional (AI) ha expresado su preocupación este miércoles sobre la posible intensificación de la crisis de derechos humanos en El Salvador, en vista de la continuidad del régimen de excepción implementado para combatir las pandillas durante el segundo mandato del presidente Nayib Bukele.
La organización destacó que, tras dos años desde la implementación de esta medida y el inicio de varias reformas penales, El Salvador sigue eludiendo sus compromisos internacionales de derechos humanos, apoyándose en estas políticas como piedra angular de su estrategia de seguridad.
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Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó la persistencia del gobierno de Bukele en mantener el régimen de excepción y adoptar medidas que considera desproporcionadas, junto con la negación y ocultamiento de serias violaciones de derechos humanos.
"Esta actitud refleja una clara falta de disposición para cumplir con las obligaciones de respetar y promover los derechos humanos en el país", afirmó Piquer en un comunicado.
La tendencia del gobierno salvadoreño a rechazar y minimizar las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos, levantadas por actores tanto nacionales como internacionales, indica que el segundo periodo presidencial de Bukele podría llevar a una mayor profundización de la crisis observada en años recientes.
La controversial estrategia del régimen de excepción, que hasta el momento ha logrado reducir el número de homicidios en el país y ha resultado en más de 78 mil 500 detenciones, cumple dos años de su implementación este miércoles, habiendo sido instaurada el 27 de marzo de 2022.
La continuidad de estas políticas plantea interrogantes serios sobre el futuro del estado de los derechos humanos en El Salvador, según Amnistía Internacional.
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