Este miércoles en Ecuador, una revuelta carcelaria sacudió la prisión Regional de Guayaquil, conocida por la fuga en enero de Adolfo 'Fito' Macías, cabecilla de Los Choneros, una de las bandas criminales más poderosas del país.
Las autoridades confirmaron que han recuperado el control de la instalación después de intensos enfrentamientos que marcaron el primer motín significativo bajo la administración del presidente Daniel Noboa.
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Reporteros de una agencia francesa de noticias en el lugar captaron escenas de disparos y llamas dentro del complejo, escenario previo de violentos enfrentamientos entre bandas rivales y las fuerzas de seguridad, que resultaron en decenas de muertes a inicios de año.
Este conflicto impulsó al Estado a una respuesta militarizada, extendiendo la vigilancia tanto en prisiones como en calles públicas.
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El presidente Noboa, a través de un mensaje en la red X, comunicó el éxito del operativo para neutralizar la revuelta: "Agradezco la valentía del bloque de seguridad que, en un acto profesional y urgente, logró desarticular la revuelta antes de que escalara."
Aunque oficialmente no se han reportado víctimas, SOScárceles, una organización ciudadana defensora de los derechos humanos y la paz en las cárceles, compartió imágenes de un recluso aparentemente fallecido durante los disturbios.
Esta revuelta se destaca como el primer gran desafío para el gobierno de Noboa, iniciado en noviembre, en el contexto de las prisiones ecuatorianas que funcionan como centros neurálgicos y campos de batalla para bandas vinculadas al narcotráfico internacional.
Ecuador ha sido testigo de una serie de motines en años recientes, con más de 460 muertes registradas desde 2021 debido a enfrentamientos entre facciones rivales.
Videos circulados en redes sociales muestran a reclusos quemando colchones en protesta por supuestos maltratos por parte de militares encargados del control interno, reflejando tensiones y demandas de mejor tratamiento en las instalaciones.
La Cárcel Regional de Guayaquil, frecuentemente objeto de operativos de seguridad para decomisar armas y materiales prohibidos, simboliza los desafíos persistentes que enfrenta el gobierno para mantener el orden y garantizar la seguridad en sus prisiones.
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