En medio de un creciente escándalo político, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha confirmado a través de su vocero, Fredy Hinojosa, que no considera la posibilidad de renunciar, incluso tras la detención de su hermano Nicanor Boluarte por un presunto caso de tráfico de influencias.
Las declaraciones se dieron en una reciente rueda de prensa en el Palacio de Gobierno en Lima, subrayando la determinación de la presidenta de mantenerse en su cargo.
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"De ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia. Lo importante es que el gobierno continúa enfocado en alcanzar los grandes objetivos nacionales", afirmó Hinojosa.
Este pronunciamiento llega en un momento crítico, dado que el Ministerio Público ha iniciado diligencias contra la presidenta y el ministro del Interior, Walter Ortiz, acusándolos de presuntamente encubrir a Nicanor Boluarte.
El inicio de las investigaciones etiqueta a la presidenta como presunta instigadora de delitos contra la administración pública, incluyendo encubrimiento personal y abuso de autoridad, cargos que también recaen sobre Ortiz.
A pesar de estas acusaciones, el vocero reiteró la firmeza de Boluarte en su posición, enfatizando que la mandataria no abordará aspectos técnicos o jurídicos de su defensa en foros públicos, ya que estos corresponden a la esfera legal.
Hinojosa también enfatizó el compromiso del gobierno con la división de poderes y el respeto a la Constitución y las leyes del país, asegurando que no existe ninguna intención de interferir con las funciones judiciales o del Ministerio Público.
"Este gobierno garantiza la autonomía de las diferentes instituciones públicas y no pretende entorpecer la labor judicial", agregó.
La controversia se intensificó cuando se confirmó que la presidenta se había reunido con el coronel Franco Moreno, jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), encargado de apoyar las investigaciones anticorrupción de la Fiscalía.
Aunque medios locales sugirieron que esta reunión podría tener connotaciones sospechosas, Hinojosa aseguró que fue un encuentro público y estrictamente institucional, realizado en horario hábil y dentro de las instalaciones estatales, descartando cualquier implicación de clandestinidad o inapropiedad.
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