La Fiscalía de Perú intensificó su investigación contra la presidenta Dina Boluarte, agregando el cargo de cohecho pasivo impropio a la pesquisa ya existente por enriquecimiento ilícito.
Este nuevo giro en la investigación se centra en varios relojes de lujo de la marca Rolex que la mandataria utilizó en eventos públicos, lo que ha levantado sospechas sobre la legalidad de su obtención y posesión.
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El Ministerio Público, a través de su Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, explicó que esta expansión del caso busca aclarar las circunstancias bajo las cuales la presidenta Boluarte tuvo acceso a estos artículos de lujo.
El escrutinio también se ha extendido a Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien ha reconocido haber prestado los relojes a Boluarte y enfrenta acusaciones por cohecho activo genérico.
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El contexto de esta investigación se agudizó tras registros domiciliarios realizados el 30 de marzo tanto en la residencia de Boluarte como en el Palacio de Gobierno.
Durante una sesión de más de cinco horas con fiscales el 5 de abril, la presidenta negó poseer relojes Rolex o joyas de alto valor.
En una posterior declaración pública, admitió haber usado los relojes prestados por Oscorima con el propósito de "representar bien al país", asegurando que ya los había devuelto.
Adicionalmente, Boluarte intentó desmentir rumores sobre su riqueza mostrando algunos accesorios personales que describió como bisutería y plata.
No obstante, el caso tomó un nuevo giro cuando, cinco días después de su declaración, la Fiscalía incautó tres relojes Rolex y una pulsera propiedad de Oscorima, quien además enfrenta múltiples investigaciones por corrupción relacionadas con su negocio de casinos y su gestión como gobernador.
Este caso continúa desarrollándose en medio de un panorama político y social tenso, con la presidenta enfrentando escrutinio no solo por su integridad personal sino también por su capacidad de liderar Perú en un momento crítico.
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