En mayo pasado, la organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD) reportó 19 nuevos casos de presos políticos en Cuba, lo que eleva la cifra total a mil 113.
Este incremento está marcado por una represión intensificada contra manifestantes pacíficos, periodistas independientes y prisioneros con enfermedades psiquiátricas, según un comunicado de PD.
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El mes estuvo caracterizado por detenciones arbitrarias, torturas y negación de beneficios carcelarios a presos políticos, quienes, bajo las leyes cubanas, deberían tener derecho a libertades condicionales o suspensiones de trabajo correccional.
Un ejemplo de esto son los once detenidos durante las manifestaciones en Juraguá, Cienfuegos, el 28 de mayo.
Estas protestas surgieron tras más de 14 horas sin electricidad y 27 días sin suministro de agua, lo que provocó la frustración de la comunidad.
Las autoridades impusieron una fianza de 200 mil pesos cubanos (aproximadamente 10 mil pesos), una cifra prohibitiva para la mayoría de los ciudadanos.
https://x.com/PrisonersDFNdrs/status/1801221475053002777
Los detenidos enfrentan cargos de desórdenes públicos, desacato o atentado. Entre ellos se encuentra el periodista Erich González Lima, residente en la Ciudad Nuclear de Juraguá.
El 20 de mayo, con motivo del aniversario de la fundación de la República de Cuba, se desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes.
Estos operativos incluyeron detenciones, interrogatorios, decomisos y amenazas. Casos como los de Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz del medio Panorama Pinareño, detenidos el 9 de mayo en San Juan y Martínez, Pinar del Río, son ejemplos de esta represión. Ambos periodistas sufrieron la confiscación de sus equipos de trabajo.
En otro caso notable, José Luis Boada Valdés fue sancionado a nueve años de prisión por propaganda contra el orden constitucional.
Boada Valdés había estado preso en el Combinado del Este por más de dos años por escribir frases contra el presidente Miguel Díaz-Canel en una pared.
Además, PD alerta sobre la encarcelación de personas con padecimientos psiquiátricos en prisiones ordinarias, donde sufren humillaciones y torturas.
Un caso ilustrativo es el de Adel de la Torre, un joven con esquizofrenia paranoide encarcelado por manifestarse pacíficamente en las protestas del 11 de julio de 2021.
Cumple una condena de siete años en la Prisión 1580 de San Miguel del Padrón, La Habana, donde ha sido víctima de golpizas y ha presenciado torturas a otros presos con enfermedades mentales.
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