Este martes 25 de junio de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la emisión de órdenes de arresto contra Serguéi Shoigú, ex ministro ruso de Defensa, y Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor de Rusia.
Estos altos cargos del gobierno ruso están acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la invasión de Ucrania entre octubre de 2022 y marzo de 2023.
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La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó estas órdenes, responsabilizando a Shoigú y Guerásimov de dirigir ataques a objetivos civiles y de causar daños colaterales excesivos a civiles y bienes civiles.
Además, se les acusa de actos inhumanos definidos en el Estatuto de Roma, constituyendo crímenes de lesa humanidad.
Las acusaciones del fiscal
El fiscal de la CPI, Karim Khan, presentó la solicitud de estas órdenes de arresto, alegando que Shoigú y Guerásimov son presuntamente responsables a nivel penal de cometer, ordenar y no prevenir estos actos criminales.
Según los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, hay motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles a la infraestructura eléctrica de Ucrania desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 9 de marzo de 2023.
Durante este período, las fuerzas armadas rusas realizaron numerosos ataques contra plantas de energía eléctrica y subestaciones en múltiples localidades de Ucrania.
La Sala considera que estos ataques estaban dirigidos contra objetivos civiles y que, incluso si algunos de estos objetivos podían calificarse como militares, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada.
Crímenes contra la humanidad
La Sala también denunció que estos ataques forman parte de una campaña que implica múltiples actos contra la población civil, llevados a cabo siguiendo una política estatal.
Se alega que estos actos causaron intencionalmente gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física de las víctimas, haciendo a los sospechosos penalmente responsables de crímenes de lesa humanidad.
Confidencialidad y seguridad
Aunque los detalles específicos de las órdenes de arresto se mantienen en secreto para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la Sala autorizó la divulgación pública de la existencia de estas órdenes, así como los nombres de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa.
Este desarrollo representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto en Ucrania, subrayando el compromiso de la CPI de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces.
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