Este sábado elementos del Ejército comenzaron a patrullar las usualmente concurridas calles de Daca, capital de Bangladesh, para asegurar el cumplimiento del toque de queda impuesto por las autoridades.
Con esta medida se busca sofocar las protestas estudiantiles contra las cuotas de empleo gubernamentales, que solo esta semana han causado al menos 115 muertes. Se espera que el toque de queda se mantenga hasta las 10 a.m. del domingo, con un receso de dos horas para que los ciudadanos puedan adquirir alimentos.
Desde el jueves, el suministro de internet y los servicios de mensajería de texto han sido cortados, aislando al país del resto del mundo. Mientras tanto, la policía continúa reprimiendo las protestas, que persisten a pesar de la prohibición de reuniones públicas. Según los datos proporcionados por los hospitales del país, miles de personas han resultado heridas.
Durante los últimos cinco días, las fuerzas de seguridad han intentado controlar las protestas lanzando gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Los manifestantes han respondido atacando a los agentes con ladrillos y incendiando vehículos. Estas manifestaciones son las más grandes desde la reelección de la primera ministra Sheikh Hasina para su cuarto mandato consecutivo.
Violencia y represión en Rampura
A pesar del toque de queda, miles de personas se congregaron en el barrio residencial de Rampura, donde la policía disparó munición real contra la multitud. "Nos disparan como si fuéramos pájaros, hay anarquía en este país”, declaró Nazrul Islam, uno de los manifestantes, a la una agencia de noticias. El portavoz policial Faruk Hossain informó que al menos 150 policías resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales, mientras que otros 150 recibieron tratamiento ambulatorio.
Los manifestantes exigen la eliminación de una controvertida ley de cuotas de empleo destinada a beneficiar a determinados sectores de la sociedad, incluyendo a los familiares de los combatientes de la guerra de independencia contra Pakistán. En un contexto de alto desempleo juvenil en este país de 170 millones de habitantes, la ley fue derogada en 2018, pero la Corte Suprema ordenó su reinstalación.
Ante la crisis, la primera ministra Hasina canceló una visita diplomática a España y Brasil, y ordenó el despliegue del Ejército debido a que la policía se vio superada por la magnitud de las protestas. Grupos internacionales de derechos humanos han criticado la suspensión del servicio de internet y la represión de las manifestaciones. La Unión Europea expresó su profunda preocupación por la violencia y la pérdida de vidas.
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