Tribunal Supremo de Japón ordena indemnizaciones adicionales por esterilizaciones forzosas

El Tribunal Supremo de Japón dictaminó este miércoles 3 de julio de 2024 la inconstitucionalidad de las esterilizaciones forzosas realizadas bajo la extinta ley de eugenesia nacional, ordenando al Estado otorgar indemnizaciones adicionales a las víctimas. Esta histórica sentencia considera que el período de prescripción de 20 años para actos ilícitos no es aplicable en estos casos.

Este fallo, el primero del Tribunal Supremo sobre este asunto, llega tras años de lucha de los afectados que habían quedado sin compensación estatal. Las víctimas han estado solicitando indemnizaciones sin caducidad y cantidades más justas que las ofrecidas hasta ahora por el Gobierno.

Los cinco demandantes, que presentaron sus casos en los tribunales de Sapporo, Sendai, Tokio, Osaka y Kobe, son parte de un grupo de 39 personas que desde 2018 han llevado al Gobierno japonés a los tribunales, después de años de negativas a pagar indemnizaciones debido al período de prescripción de 20 años.

En 2022, una primera sentencia a favor de una indemnización marcó el comienzo de una serie de decisiones judiciales similares. En cada uno de los cinco casos, todas las instancias judiciales coincidieron en la inconstitucionalidad de las esterilizaciones forzosas, ignorando el período de prescripción.

La Ley de Protección de la Eugenesia de Japón, vigente entre 1948 y 1996, autorizaba la esterilización de personas con discapacidades o enfermedades hereditarias, e incluso permitía abortos para evitar el nacimiento de descendencia considerada "inferior". Según datos gubernamentales, unas 25 mil personas fueron esterilizadas bajo este programa, de las cuales 16 mil no dieron su consentimiento.

El aumento de demandas relacionadas con estas esterilizaciones llevó al Gobierno japonés a aprobar en 2019 un marco de compensaciones para las víctimas que cumplan ciertos requisitos. Se estima que alrededor de mil 100 personas han sido certificadas para recibir estas compensaciones, que ascienden a 3.2 millones de yenes (aproximadamente 405 mil 255 pesos, al tipo de cambio actual) por persona. No obstante, esta cantidad ha sido criticada por ser significativamente inferior a lo solicitado por los afectados en sus demandas.

"Esta decisión del Tribunal Supremo es un paso crucial hacia la justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzosas," declaró uno de los abogados de los demandantes. "El Estado debe reconocer plenamente el sufrimiento causado y proporcionar compensaciones justas a todas las víctimas sin excepciones," añadió.

La postura del Ejecutivo japonés, que ha seguido luchando contra las demandas en los tribunales, deberá revisarse a la luz del reciente fallo del Tribunal Supremo. Las víctimas y sus defensores esperan que esta sentencia marque el fin de una larga batalla legal y el comienzo de un reconocimiento y reparación adecuados por parte del Estado.

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