Un grupo de 31 expresidentes y exjefes de Estado de América Latina y España presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La denuncia acusa al mandatario y a su círculo militar cercano de crímenes de lesa humanidad, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y represión sistemática contra la oposición y la sociedad civil.
Entre los firmantes de la denuncia destacan figuras políticas como Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy de España, Álvaro Uribe e Iván Duque de Colombia, Mauricio Macri de Argentina, Vicente Fox de México y Carlos Mesa de Bolivia. La acusación detalla cómo el gobierno venezolano ha utilizado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un instrumento de represión bajo el control absoluto de Nicolás Maduro y su círculo militar.
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Puntos clave de la denuncia ante la CPI
Los exmandatarios exigen la detención inmediata de Maduro y otros altos funcionarios, incluido Diosdado Cabello, uno de los líderes más influyentes del chavismo. La denuncia no se limita a un señalamiento político, sino que está respaldada por informes de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales han documentado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia y uno de los líderes visibles de esta acción, declaró desde La Haya que la denuncia busca frenar la impunidad con la que el gobierno de Maduro ha operado. "Hemos solicitado formalmente la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado en Venezuela", dijo Pastrana.
Violaciones de derechos humanos en Venezuela
El documento presentado a la CPI destaca cómo la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobada en 2020, ha permitido consolidar el control totalitario de Maduro. Esta ley otorgó al presidente venezolano control directo sobre las operaciones militares, eliminando cualquier tipo de mediación institucional. Según los exmandatarios, esto ha facilitado la represión violenta de la población y la persecución de la oposición.
En particular, la denuncia hace referencia a las elecciones del 28 de julio, en las que Edmundo González Urrutia fue reconocido como presidente legítimo por gran parte de la comunidad internacional. Tras su victoria, Maduro ordenó el arresto de González Urrutia bajo cargos infundados, lo que intensificó la persecución política en el país.
El texto también expone un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual como método de tortura, según la CIDH.
Impacto internacional y posibles consecuencias
El grupo de exmandatarios sostiene que esta denuncia podría tener un impacto significativo a nivel internacional. Además de exigir sanciones para los responsables, han solicitado que la CPI implemente medidas preventivas para detener la escalada de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La Corte Penal Internacional tiene la facultad de actuar preventivamente para evitar que se sigan cometiendo crímenes.
De avanzar la denuncia, la CPI podría emitir órdenes de captura internacionales contra Nicolás Maduro y otros altos mandos del gobierno venezolano. Esto pondría a Venezuela en una situación legal compleja y con implicaciones significativas tanto para su gobierno como para la comunidad internacional.
Respuesta del régimen venezolano
Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente las acusaciones y ha calificado la denuncia como un intento de desestabilización liderado por potencias extranjeras, particularmente Estados Unidos. Funcionarios cercanos a Maduro afirman que la denuncia es parte de una campaña para desprestigiar al régimen y justificar posibles intervenciones internacionales.
A pesar de estas negaciones, el respaldo de informes de organismos internacionales y la creciente presión global podrían cambiar el panorama para Venezuela. La Corte Penal Internacional deberá decidir si acepta la denuncia y procede con la investigación formal, lo que podría derivar en consecuencias legales serias para Maduro y su círculo cercano.
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