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Por Israel Olguín
2 de Sep de 2024
2 min
Escrito por Israel Olguín
Este lunes, 2 de septiembre el gobierno de Estados Unidos confiscó en República Dominicana el avión oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un movimiento que refuerza las sanciones impuestas por Washington sobre Venezuela.
La aeronave, valorada en 13 millones de dólares, fue adquirida a través de una empresa fantasma y sacada de Estados Unidos de manera ilícita, según explicó el fiscal general estadounidense Merrick Garland en un comunicado.
El avión fue trasladado este mismo día a Florida, en una operación que involucró a varias agencias federales estadounidenses y contó con la colaboración del gobierno dominicano.
"Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es algo inédito en asuntos penales", señaló un funcionario estadounidense, enfatizando que con esta acción se envía un mensaje claro: "Nadie está por encima de la ley ni fuera del alcance de las sanciones estadounidenses".
Este avión, que ha sido descrito como el equivalente venezolano del Air Force One, ha sido utilizado por Maduro en diversas visitas oficiales alrededor del mundo. La incautación ocurre en un contexto de sanciones renovadas por parte de Estados Unidos, que reimpuso medidas contra Venezuela tras el fracaso de un acercamiento previo, motivado por la falta de elecciones libres en el país sudamericano.
Excerpt:
— Adrian.Demery.Jr (@AdrianDemeryJr) September 2, 2024
"This morning, the Justice Department seized an aircraft we allege was illegally purchased for $13 million through a shell company and smuggled out of the United States for use by Nicolás Maduro and his cronies," Attorney General Merrick Garland said in a statement.…
Aunque los detalles de cómo se presentó la oportunidad para confiscar la aeronave no fueron revelados, los funcionarios destacaron que esta acción es parte de una estrategia para ejercer presión sobre los más altos mandos del gobierno venezolano. Este decomiso sigue a la incautación de un avión comercial venezolano-iraní meses atrás, en medio de una prolongada controversia.
Esta operación refuerza la postura de Estados Unidos en su política hacia Venezuela, reafirmando su compromiso de aplicar sanciones con rigor y enviar un mensaje contundente a aquellos que desafían las leyes internacionales.
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