Amnistía Internacional (AI) alertó sobre las graves consecuencias que puede generar la indiferencia internacional ante la situación política y de derechos humanos en Nicaragua. Según un informe publicado el viernes 6 de septiembre, la organización sostiene que el modelo represivo del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría servir como "precedente peligroso en la región", animando a otros gobiernos a adoptar tácticas similares.
Uso del Estado para la represión
El informe de AI denuncia que el gobierno nicaragüense ha instrumentalizado las instituciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial para consolidar su control y garantizar la impunidad en crímenes de derecho internacional y violaciones a los derechos humanos. Esta estrategia, señala la organización, busca sofocar cualquier forma de disidencia y restringir libertades fundamentales como la política, social o religiosa.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que la represión estatal en Nicaragua continúa profundizándose, afectando gravemente a personas defensoras de derechos humanos, activistas, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil. "Este nuevo golpe contra la libertad de expresión, asociación y religión tiene repercusiones que trascienden las fronteras de Nicaragua", afirmó.
Excarcelación de presos políticos y exilio forzado
AI también denunció la reciente excarcelación de 135 presos políticos, quienes fueron enviados a Guatemala, calificando esta acción como una repetición de la táctica de "intercambiar cárcel por exilio". Este tipo de medidas, según el informe, agravan el desarraigo y la disrupción de los proyectos de vida de las personas afectadas, lo que profundiza la represión social.
La organización subraya que esta táctica del gobierno nicaragüense no es nueva, ya que busca silenciar a sus opositores y crear un ambiente en el que cualquier forma de disidencia se vea castigada con el exilio.
Reformas al Código Penal y criminalización de voces disidentes
El informe hace referencia a la reciente aprobación de reformas al Código Penal nicaragüense por parte de la Asamblea Nacional el 3 de septiembre. Estas modificaciones permiten al gobierno sancionar penalmente a personas u organizaciones que cometan, según su criterio, delitos contra la administración pública o el Estado, incluso fuera del territorio nacional. Estas reformas también contemplan la posibilidad de enjuiciar a personas en ausencia, lo que podría usarse para criminalizar a disidentes que ya no se encuentren en el país.
Además, AI advierte que las reformas permitirían la confiscación de los bienes de las iglesias y organizaciones sociales clausuradas, lo que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, consolidando aún más el clima de impunidad y represión.
Clausura de organizaciones y control social
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la revocación de la personalidad jurídica de más de mil 500 organizaciones sociales en un solo día, el 20 de agosto, lo que eleva a 5,000 el número de entidades clausuradas por el gobierno nicaragüense. AI considera que esta medida forma parte de la estrategia de Daniel Ortega para ejercer un "control absoluto de todos los espacios sociales", reprimiendo cualquier voz disidente y criminalizando la defensa de los derechos humanos.
La necesidad de acción internacional
Ante esta situación, Amnistía Internacional reiteró la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas urgentes, coordinadas y efectivas para proteger los derechos humanos en Nicaragua. Ana Piquer señaló que la falta de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional "puede hacer que el modelo represivo nicaragüense sea un atractivo referente de impunidad para otros países en la región".
AI hizo un llamado a gobiernos y organismos internacionales para que intervengan de manera decisiva y pongan fin al deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, donde el control estatal se ha intensificado, afectando a miles de personas en el país.
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