CIUDAD DE MEXICO, 22 de octubre (SinEmbargo).- En 2017, 20 estados de la República Mexicana pagaron 2 mil 093 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones que estuvieron fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, en el 62.5 por ciento de las entidades del país se encontraron por lo menos 11 maneras en que el dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud, sirvió para pagar salarios.
Por ejemplo, en sueldos pagados a personas de las que no se encontró prueba alguna que demostrara que trabajaron, se fue un total de mil 291 millones 713 mil 873 pesos; en pagos con dinero que no podía ser utilizado para eso, se detectaron 400 millones 911 mil 437 pesos; en pagos de indemnizaciones u otras prestaciones que no estaban contempladas pagar con dinero federal, se fueron 107 millones 243 mil 368 pesos y de la misma manera, 76 millones 954 mil 215 pesos quedaron en manos de personal sindicalizado.
El resto de las maniobras para pagar sueldos son sueldos que superan el monto establecido por ley; cheques que no fueron ni cancelados ni reintegrados; sueldos a personas que no cumplían con el perfil académico solicitado para la plaza; pagos a personal que ya estaba dado de baja; sueldos a personal del que nunca se encontró un contrato o alguna documentación comprobatoria de haber trabajado; pagos a personal con licencia sin goce de sueldo o con baja temporal y en pagos duplicados.
La cantidad total son 2 mil 093 millones 188 mil 291 pesos más los rendimientos financieros “que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación”, según lo indica la auditoría.
No se puede saber la cantidad exacta de cuánta gente fue la beneficiada de esas políticas, pero se tiene un registro de al menos 7 mil 685 “trabajadores” que cobraron con dinero que estaba destinado a salud.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México 15.5 millones de personas tienen carencia por acceso a los servicios de salud y en este caso, los “trabajadores” de los gobiernos estatales fueron en su mayoría personas que debían estar en hospitales o en unidades móviles de salud.
Los 10 estados que lideran esa lista son Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Estado de México.
Les siguen la Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua y Nayarit.
Los 12 estados a los que no se les encontró este tipo de uso al dinero federal son Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.