Francisco Cárdenas CruzPulso Político
Después de que el próximo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, juró en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco que durante su gobierno “nunca jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a ninguna autoridad policiaca, para reprimir al pueblo” y “no habrá autoritarismo”, aceptó la exigencia de los líderes del movimiento estudiantil del 68 de reabrir la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y que se castigue a los responsables de la muerte de sus compañeros.
A 50 años de esos hechos, miles de estudiantes de escuelas públicas y privadas marcharon pacíficamente desde el que fue escenario de esa tragedia con pancartas y mantas en una de las cuales se escribió “Ahora es tiempo de justicia” y al arribar al zócalo hubo un mitin y desfile de oradores en representación de los familiares de las víctimas; de los que entonces fueron líderes de aquellas movilizaciones; de varias organizaciones sociales y de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerrero, todos reclamando justicia.
Como estaba programado, la primera ceremonia fue en el zócalo con el izamiento a media asta de la enseña nacional, encabezada por representantes de los gobiernos federal y capitalino y después, a lo largo del día y de la noche, siguieron los actos conmemorativos por el medio siglo de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas, una de ellas, en ese mismo lugar, que encabezó el Presidente electo, acompañado de los que serán integrantes de su gabinete, así como algunos ex líderes del movimiento, que aprovecharon la presencia del tabasqueño para exigirle la reapertura de la Fiscalía creada hace años para investigar lo sucedido, la que fue cancelada cuando aún había más de medio centenar de casos que estaban siendo investigados para imponer castigo a los responsables de la muerte de decenas de personas, estudiantes en su mayoría, y de las heridas que recibieron otros tantos durante la balacera que se suscitó aquella tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, en el sexenio del desaparecido ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Fue Víctor Guerra, uno de los oradores en esa ceremonia en Tlatelolco, el que ante López Obrador, criticó la desaparición de esa Fiscalía que dejó casos pendientes y sin castigo para los responsables de lo que sucedió aquel día, por lo que exigió la restitución de la misma, a lo que el Presidente electo respondió que dará instrucciones a Alejandro Encinas, quien será el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para que le dé trámite a esa petición.
Varios de los ex líderes criticaron al próximo Presidente porque para el acto en el que hizo una guardia, los miembros de su Ayudantía, instalaron vallas metálicas para impedirles el acceso, lo que Ana Ignacia Rodríguez Márquez, “La Nacha”, una de ellos, que estuvo presa dos años, preguntó, enojada: “¿Cómo es posible que el hijo de Raúl Alvarez Garín –uno de sus compañeros del Consejo Nacional de Huelga, ya fallecido- estuviera atrás de esas vallas? Por eso me puse encabronada y ésa es la palabra”, al recordar que esa plaza de las Tres Culturas es un lugar público, que nunca ha tenido vallas para acercarse a la estela en la que están los nombres de los estudiantes que murieron ahí hace 50 años y se quejó de que ni a ellos, los que fueron dirigentes entonces, los querían dejar pasar.
Los contingentes empezaron a llegar poco después de las seis de la tarde a la plancha de la Plaza de la Constitución, para asistir al mitin y escuchar a los oradores que aun cuando anochecía, desfilaban ante el micrófono.
En la Cámara de Diputados, ante los titulares de la UNAM, IPN y representantes del Comité 68, se rindió un minuto de aplausos en memoria de los caídos, mientras que en la de Senadores, todos los partidos políticos coincidieron en que el 2 de octubre no debe olvidarse ni repetirse jamás. En ambos recintos se inscribió con letras de oro la frase “Movimiento Estudiantil de 1968”.
De esto y de aquello…
>>TRAS el entusiasmo y satisfacción expresada por los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá y de la felicidad y euforia de dirigentes empresariales de los tres países por llegar al trilateral Acuerdo Económico entre éstos, el USMCA que reemplaza al de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, empiezan serenidad y reflexiones.
>>ES entonces cuando se reconoce que si bien se llegó al necesario y urgente entendimiento entre los integrantes de los equipos de renegociación, se lee y repasan los puntos de acuerdo alcanzados y surgen, como en Canadá por parte de las familias dependientes de la producción y exportación de lácteos, las primeras inconformidades y protestas.
>>CONFORME transcurran días y semanas, antes de que concluya noviembre, cuando se espera que las Cámaras de Senadores de México y EU y el parlamento de Canadá lo hayan discutido, quizá modificado, y aprobado, esté listo para ser suscrito por los presidente Peña Nieto y Trump y el primer ministro Trudeau, seguramente habrán de escucharse más puntos discrepantes en los tres países.
>>EL USMCA, sin embargo, se logró con la inclusión de Canadá, después de que México y EU estuvieron inicialmente de acuerdo, pero lo que se necesitaba y faltaba era que aquella nación lo alcanzara con su nación vecina para que, como el TLCAN, fuera trilateral y no quedara en bilaterales, como parecía que llegarían a ser si el gobierno de Trudeau no llegara a entenderse con el de Trump, lo que al final se logró.
>>VAYA récord de asesinatos que lleva el nuevo gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que hoy hace justamente una semana, asumió el cargo: 32 en cinco días, entre severas críticas por parte de representantes de diversos sectores de ese estado que era de los más tranquilos, hartos de tanta violencia.
>>LAS más de esas críticas, por haber ratificado al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, y al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, a los que se ha responsabilizado públicamente, del incremento de la violencia, que fueron incapaces de frenar durante la gestión del ex gobernador, panista también, Miguel Márquez.
>>UNO de los problemas de lo que ocurre en esa otrora tranquila entidad del Bajío, es el auge del huachicoleo, como se le califica al robo de combustible en los ductos de Pemex que salen de la Refinería de Salamanca, por la disputa en las que están enfrascados varios cárteles de la droga y la protección y complicidad policíaca y gubernamental con la que cuentan, como lo han denunciado algunos medios locales.
>>EN la reunión privada que el mandatario panista sostuvo el lunes con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al que le expuso algunos de sus proyectos para impulsar el desarrollo económico e industrial del estado, el mandatario panista tal vez le haya informado de lo que ocurre con ese multimillonario hurto de gasolina a Pemex.
>>HASTA ahora ha resultado imposible frenar ese delito que ocurre en el trayecto de la Refinería de Salamanca, desde el Bajío, pero también de la de Minatitlán, Veracruz, que abarca más de media docena de estados, en los que con frecuencia se registran cruentos enfrentamientos entre grupos de huachicoleros con policías federales, soldados y marinos en municipios de Puebla, Veracruz, Hidalgo y el Estado de México.
>>EN cualquier momento, el caso Odebrecht en México, puede volver a ser noticia si en respuesta a la petición del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, la PGR cita a declarar al subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, a lo que éste respondió que en caso de recibir un citatorio, lo que hasta ahora no ha ocurrido, acudirá a hacerlo.
>>EL funcionario y Rafael Murrieta Cummings, director general de Pemex Transformación Industrial eran integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de esa empresa, que aprobó no licitar los contratos de acondicionamiento de la Refinería de Tula, Hidalgo, otorgados a la empresa brasileña.
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