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LA HABANA, Cuba, 31 de octubre (Pelayo Terry Cuervo, especial para POR ESTO!).- En la búsqueda de incrementar de alguna manera los hoy reducidos ingresos de una buena parte de los pensionados y asistenciados cubanos, las autoridades del país decidieron aplicar, desde este jueves 1 de noviembre un aumento, aún discreto, de los montos que recibe este sector poblacional en el archipiélago.

Reportes de los principales medios de prensa del país se hacen eco de la disposición, que de alguna manera enfoca sus deseos hacia un segmento de la ciudadanía que va en crecimiento, en correspondencia con el aumento de la esperanza de vida en la nación, pero que vive ajustado debido a la falta de correspondencia entre los gastos que deben realizar para vivir y los ingresos que reciben en la actualidad.

La nueva medida significa el incremento del monto de la Asistencia Social y las pensiones mínimas de la Seguridad Social, lo cual es visto aquí como un anticipo parcial de las disposiciones que se deben adoptar, en algún momento, para ordenar la situación de los salarios, las pensiones y las prestaciones de la Asistencia Social.

La viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Yusimí Campos Suárez, señaló que el principio aplicado es no dejar desamparado a ningún ciudadano y priorizar a aquellas personas o familias de menos ingresos.

De tal manera, los aumentos, aunque no son significativos en comparación con el costo real de vida, indican un camino de voluntad para dar respuesta a los reclamos de un sector envejecido, pero que se enfrenta a la cotidianidad bajo las tensiones de un pequeño monto de dinero en los bolsillos para satisfacer sus necesidades básicas.

“Se ha decidido aumentar en 70 pesos las prestaciones monetarias de la Asistencia Social, y a 242 pesos el mínimo de las pensiones de la Seguridad Social por concepto de jubilación”, afirmó Campos Suárez, quien señaló que los incrementos favorecerán a 99,114 núcleos familiares, que abarcan 157,791 personas, y beneficia a 445,748 jubilados protegidos por el Régimen General de Seguridad Social, que actualmente reciben pensiones inferiores a 242 pesos.

De los núcleos beneficiados, 48,656 están integrados por una sola persona, en tanto 17,602 lo conforman dos personas, en un contexto demográfico de acelerado envejecimiento de la población.

De acuerdo con la funcionaria, el costo anual de esta decisión asciende a 313’321,554 pesos.

Yusimí Campos Suárez indicó que esta no es la única prestación que recibirían estas familias, las cuales casi siempre están vinculadas a un servicio de alimentación a precios subsidiados, o cuentan con un asistente social a domicilio, en casos de discapacidad y encamamiento, en el que la Seguridad Social paga el salario de ese asistente”.

“Incluso, ante determinadas enfermedades en las cuales clínicamente el Ministerio de Salud Pública ha estipulado que los pacientes requieren una climatización permanente, y de no tenerla necesitan hospitalizarse, la seguridad social costea el consumo eléctrico. Se trata de personas donde pueden coincidir otras prestaciones de la Seguridad Social y esta nueva medida sería un incremento a otros beneficios que actualmente reciben”, precisó la viceministra.

Aunque el incremento previsto a quienes se beneficien se hará efectivo a partir del mes de noviembre, “será en diciembre cuando las personas reciban el monto estipulado en su cobro, teniendo en cuenta que la mayoría ya cobró el mes de noviembre, al tener como beneficio –por recibir las cuantías más bajas, hasta el momento de 200 pesos– el adelanto de pago”, señaló por su parte Yamina Peña Fournier, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS).

El presupuesto del Estado, a partir del desarrollo de estas medidas, tanto beneficiando a las prestaciones de la asistencia social como de la seguridad social, ha dispuesto el incremento de los gastos que respaldan su aplicación durante los meses de noviembre y diciembre del presente año, así como las cifras a incrementar para dar cobertura a esta medida en el presupuesto del 2019, que próximamente será aprobado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, explicó por otro lado Lourdes Rodríguez Ruiz, directora general de Atención Institucional en el Ministerio de Finanzas y Precios, quien además precisó que estos nuevos gastos se pueden ejecutar gracias a la redistribución de recursos y el respaldo ofrecido desde el Presupuesto Central del Estado.

Esta medida no significa un deterioro del presupuesto planificado, es una redistribución de los recursos planificados y el presupuesto central hacia el cumplimiento de la financiación del déficit del presupuesto de la seguridad social. De ahí la importancia de mantener los aportes y el cumplimiento de las contribuciones a la seguridad social por parte de los empleadores y las personas naturales, añadió la funcionaria.

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